Los grupos parlamentarios tendrán que votar, previsiblemente, en el año que comienza, si aprueban la Ley de Familias así como la Ley de Bienestar Animal, dos proyectos legislativos impulsados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que ya han iniciado su tramitación.
Por otro lado, termina un año 2022 en el que además del impulso de estas leyes, se han alcanzado acuerdos, en materia de derechos sociales, como el que quiere poner fin al modelo de 'macro residencias', impulsando, en su lugar, un modelo de cuidados que respete el deseo de la persona mayor y que se asemeje a un hogar. En total, el departamento dirigido por Ione Belarra afirma que ha logrado ejecutar el 99,4% de su compromiso presupuestario para este año.
Respecto a los retos para 2023, queda pendiente la tramitación parlamentaria de la Ley de Familias, que equiparará los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, incluirá nuevos permisos de cuidado y extenderá los beneficios de familias numerosas a monoparentales con dos hijos.
Según destaca el Ministerio de Derechos Sociales, la Ley de Familias viene a "remediar carencias históricas" que se estaban dando en España en materia de conciliación y de cuidados y "garantizará la protección a todas las familias".
Algunas de las novedades son la creación de un permiso por cuidado de cinco días al año, retribuidos, para atender a un familiar hasta segundo grado o conviviente; un permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años, y un permiso por ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año.
El anteproyecto también ha suscitado algún enfado entre las familias numerosas, ya que sustituye el concepto 'familias numerosas' por "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", para incluir también a otras familias como las monoparentales, las formadas por uno o dos progenitores, adoptantes o acogedores con dos hijos, cuando al menos uno de ellos tenga una discapacidad y a las compuestas por dos progenitores, cuando ambos tengan discapacidad.
Asimismo, entre los "hitos" de 2022, el departamento que dirige Ione Belarra hace hincapié en la Ley de Protección y Derechos de los Animales, junto con la modificación del Código Penal, iniciativas que buscan luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales.
Por medio de esta norma, impulsada por la Dirección General de Derechos de los Animales, se castigará, por primera vez, el maltrato animal con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte. La ley ha sido objeto de enfrentamiento entre los socios de Gobierno y, finalmente, el grupo parlamentario socialista logró excluir a los perros de caza.
La norma, que se encuentra actualmente en su tramitación parlamentaria, prohíbe las peleas de gallos, el tiro al pichón, el uso de pinchos o collares que ahorquen, aparatos eléctricos que causen daños o llevar animales atados a vehículos a motor en marcha.
Además, establece que los zoológicos y delfinarios se tendrán que ir reconvirtiendo progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas y acaba con la comercialización de animales en las tiendas de mascotas. También se creará el Registro Nacional de Animales de Compañía y una estadística nacional sobre abandonos, maltrato o adopciones. Asimismo, la identificación y vacunación de los animales de compañía serán obligatorias.
Por otra parte, Derechos Sociales pone de relieve el acuerdo al que llegaron este año con las comunidades autónomas para mejorar la calidad de las residencias y del Sistema de Atención a la Dependencia que quiere erradicar, desde ahora hasta 2029, el modelo de "macro residencias", ya que los centros deberán tener un tamaño máximo de entre 75 y 120 plazas, según su localización.
La propuesta establece que los centros residenciales tendrán que ser más parecidos a un hogar, con unidades de convivencia por afinidad de un máximo de 15 personas, y contempla un incremento progresivo del número de trabajadores de residencias para personas mayores, hasta que haya al menos uno por cada dos personas atendidas. También se establece la atención libre de sujeciones y se apuesta por la atención domiciliaria.
En la misma línea, el Ministerio de Derechos Sociales también ha acordado con las comunidades autónomas, en 2022, varias modificaciones en materia de dependencia, a través de la reforma del real decreto que regula las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Entre otras mejoras, las personas en situación de dependencia de grado I tendrán acceso a atención residencial si lo desean, se facilitará el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, se incrementarán las cuantías máximas, se establecerán cuantías mínimas en las prestaciones económicas y se incrementará la intensidad de las horas de ayuda a domicilio.
Asimismo, el Ministerio remarca que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023, ha incrementado 1.800 millones (600 millones anuales) su presupuesto para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos para las personas en situación de dependencia.
Mientras, en materia de derechos de la infancia, a lo largo de 2022, Derechos Sociales aprobó la Estrategia de erradicación de la violencia infantil, que desarrolla las medidas mandatadas en la Ley de Infancia (LOPIVI). También se materializó el Plan de Garantía Infantil, para sacar a 713.000 menores de la pobreza, y se aprobó la Nueva Estrategia de Juventud 2030.
Atendiendo a la situación de los menores migrantes no acompañados en España, Derechos Sociales destinó un total de 35 millones de euros a las comunidades autónomas para atender a 400 niños, niñas y adolescentes migrantes y para que, de esta forma, el resto de CCAA sean solidarias con las ciudades autónomas e islas más saturadas, como son Ceuta, Melilla y Canarias.
Finalmente, en el ámbito de la discapacidad, en octubre, se aprobó el nuevo baremo de valoración de la discapacidad, estableciendo un trámite de urgencia para el reconocimiento por causas humanitarias o de especial necesidad social, de salud y de esperanza de vida, como las personas con enfermedades como la ELA, una demanda de las personas con discapacidad que llevaba 10 años bloqueada.
En 2022 también se aprobó el anteproyecto de Ley de Accesibilidad para que las cerca de 4,38 millones de personas con discapacidad que residen en España dispongan de productos y servicios más accesibles, como el teléfono de emergencia 112.
Según precisa la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Derechos ha incrementado de 2020 a 2022 la inversión destinada a la discapacidad hasta superar los 292 millones de euros.
Para el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad Jesús Martín Blanco, "los compromisos políticos deben ir acompañados de inversión pública para que verdaderamente sean transformadores y lleguen al día a día de las personas con discapacidad y sus familias" con el objetivo de "romper las brechas de desigualdad y acelerar su inclusión".
