Los letrados de la Administración de Justicia de Málaga apoyaron hoy mayoritariamente el texto del preacuerdo suscrito el pasado viernes 24 en Madrid, entre los representantes de tres asociaciones profesionales (UPSJ, AinLAJ y el Colegio Nacional) y responsables de los Ministerios de Justicia y Hacienda para dar una "salida a la protesta", que por reclamaciones salariales y de este cuerpo superior de la Administración se ha llevado de forma indefinida desde el pasado 24 de enero.
Como ha sucedido en todas las provincias españolas, los LAJ de Málaga estaban convocados esta mañana a pronunciarse sobre el contenido del preacuerdo y la desconvocatoria de la huelga, y lo hicieron tras debatir durante casi dos horas en la sede de la Ciudad de Justicia de Teatinos.
El resultado de la votación, de un censo de huelguistas (75) fue de 59 votos a favor del acuerdo, 20 lo rechazaron y hubo una abstención. En esta votación no participaron 82 secretarios judiciales, puesto que fueron excluidos al no haber secundado la huelga ni un solo de los días (45) en que ésta ha tenido lugar en toda la provincia.
Pese a que se llegaron a escuchar opiniones no satisfactorias, la mayoría de los LAJ de Málaga se mostraron a favor de respaldar a los seis miembros del Comité de Huelga en Madrid, que han obtenido un principio de acuerdo con apenas encuentros con la administración y los representantes del departamento de la ministra Pilar Llop.
La oferta hecha por el Gobierno no colma las aspiraciones económicas de los LAJ de acercarse a subidas del 85% del salario de jueces y fiscales, y se quedaría en incrementos que van de los 430 euros a los 450 brutos al mes, dependiendo del órgano jurisdiccional o servicio adscrito. Dentro del concepto 'complemento de eficiencia', el importe de 430 euros mensuales sería para la mayoría de los integrantes de este cuerpo (3.871 LAJ) de los 4.379 que hay en toda España.
Estos LAJ desempeñan sus funciones en dependencias provinciales donde todavía no se ha puesto en funcionamiento la nueva Oficina Judicial, que conlleva una reorganización de las tareas que el Ministerio y la ley encomiendan a los secretarios.
SUBIDAS PARA NIVELES Y ESCALAS DIRECTIVAS
Para otros 508 secretarios judiciales con niveles directivos, el Ministerio estaría dispuesto a aumentar sus nóminas de entre 430 y 450 euros, mientras que para los secretarios de Gobierno de los TSJ, Tribunal Supremo, Constitucional, coordinadores provinciales y directores de servicio, la subida sería de unos 450 brutos, lo que supondría de media unos 340 euros netos por paga.
La propuesta para los LAJ que están en el nivel 3, de unidades procesales de apoyo directo al juez, la subida sería de 450 euros brutos. Las asociaciones convocantes habían reclamado la reducción de los cinco niveles salariales, y su agrupamiento en tres.
Todos estos incrementos que Hacienda y Función Pública cuantifican en 22 millones de euros al año, estarían condicionados a un abono fraccionado hasta finales del año 2024. Así, el primer plazo con el pago del 40% (entre 172 y 180 euros, dependiendo del nivel salarial) se realizaría con carácter inmediato y con efectos desde enero de 2023. Otro 40% de la misma cuantía se percibiría desde el 1 de enero de 2024 y hasta el 30 de junio y, finalmente, el 20% restante (entre 86 y 90 euros mes) se cobraría desde el 1 de julio del año que viene, consolidándose todos ellos.
De los 22 millones de euros que supondría este incremento salarial, 19,9 millones corresponden a los 3.871 LAJ, mientras que 1,2 millones a los pertenecientes a la escala III, con 234 efectivos.
SIN CONDONACIÓN DE LAS JORNADAS DE PARO
Una de las peticiones que el Comité de Huelga no ha conseguido arrancar en la mesa de negociación ha sido el abono de los importes descontados por las jornadas de paro indefinido (unos 150 euros de media diaria por LAJ). Como sucede en muchas otras protestas, el incremento salarial no excluirá a ninguno de los LAJ que no han secundado ni un solo día este paro (en Málaga se estima en 87 los secretarios que continuaron los juicios o trabajando los dos meses).
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, EN EL AIRE
Lo que no recoge el preacuerdo es el derecho a la negociación colectiva de los secretarios, que pedían salir del censo de los funcionarios de los Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) para poder celebrar 'sus propias elecciones sindicales'.
El documento firmado, tras dos meses de huelga, "es tan laxo" que no incluye las modificaciones de los grupos de población, la productividad, el complemento para los que prestan servicio en el Registro Civil, o la concreción de la carrera profesional. Al inicio de la huelga, el 24 de enero, el secretario de Estado, Juan José Rodríguez, ya indicó que el Gobierno no se mostraba favorable a un reparto lineal, sino a favor de incrementos en función de la carga de trabajo de cada secretario judicial.
Todas estas demandas se debatirán en los grupos de trabajo conjuntos que se crearán con los letrados de Justicia, para tratar el Estatuto Orgánico del Cuerpo (con la participación de las asociaciones profesionales), la futura Ley de Eficiencia Organizativa (donde también se incluyen al resto de sindicatos de funcionarios), sobre la relación de puestos de trabajo en tribunales de instancia y la digitalización. El Gobierno se compromete además a facilitar los planes formativos a las letradas y letrados.
Para este martes está previsto un nuevo encuentro en Madrid con los Ministerios de Justicia y Hacienda, para trasladar los resultados, perfilar el texto del acuerdo y desconvocar el paro indefinido.
"Hasta que no esté todo ultimado, que previsiblemente será mañana, no podemos confirmar qué día se volverá a la normalidad, porque estamos acostumbrados a que el Gobierno incumpla su palabra, por escrito incluso", explicó hoy una LAJ desde la Ciudad de la Justicia de Málaga. Todo apuntaría, sin embargo, que sería este miércoles.
La votación en el resto del Estado fue la siguiente: 2.029 votos emitidos, 1.530 votos votos a favor (76%) del acuerdo y la desconvocatoria de huelga, 418 votos en contra (20%), y 81 abstenciones (4%).
Con más de 350.000 juicios y actuaciones procesales suspendidas en toda España, en los 45 días de huelga, las dos partes se han comprometido a analizar "el impacto de este conflicto para facilitar la recuperación de la actividad ordinaria de la oficina judicial". Una solución sería la recuperación de horas por las tardes, bajo retribución por expedientes avanzados o finalizados, como ya sucedió en otras protestas de Justicia.
