La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años de prisión por un delito de apropiación indebida a los tres exdirigentes de la Confederación Empresarial Castellonense (CEC) juzgados por haber desviado 190.770 euros destinados a cursos de formación "a fines distintos", ya fuera en beneficio propio o de la patronal.
Parte de la excúpula de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) fue juzgada el pasado 18 y 19 de abril en la Audiencia Provincial de Castellón y comparecieron en calidad de acusados el que fuera secretario general Rafael Montero, el expresidente José Roca y el que era el jefe del departamento de Formación José Antonio Espejo.
La sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, considera probado que la Conselleria de Economía concedió en 2011 a la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL) una subvención global de 12.267.438,72 euros para la ejecución del plan de formación intersectorial, destinados a cursos de formación gestionados por las tres entidades asociadas a CIERVAL, en Valencia, Castellón y Alicante.
A la Confederación de Empresarios de Castellón le correspondió 3,1 millones de euros para la ejecución de acciones formativas, cantidad que fue transferida por CIERVAL.
Posteriormente, dos de las mercantiles encargadas de impartir cursos - Multioficios Formación, Espinós y Paradís- presentaron escritos en el SERVEF con los que pudo comprobarse que "cursos que efectivamente fueron impartidos conforme al Plan Formativo no fueron abonados a estas entidades".
Las entidades, añade, "enviaron las correspondientes facturas a la CEC", cuyo "devengo y pago fue gestionado directamente" por el acusado José Antonio Espejo", que era director y encargado de los programas de formación, así como por Rafael Montero -entonces secretario general-, y por José Roca, que era presidente.
El total que debían haber recibido estas dos empresas, junto con una tercera -Audio Gil- era de 190.770 euros, y, según la sentencia, ese importe que "sí había sido transferido a la CEC por CIERVAL" para el pago concreto de las actividades formativas, "la destinaron a fines distintos, ya sea en beneficio propio o de la Confederación de Empresarios de Castellón a la que representaban".
En su argumentación jurídica, la sentencia considera que se ha cometido "un supuesto típico de delito agravado de apropiación indebida en su modalidad de gestión desleal por distracción del dinero, previsto y penado en el artículo 252 en relación con el artículo 250.1.5ª CP del Código Penal vigente al momento en que se produjeron los hechos".
La resolución judicial explica que los que fueran presidente, secretario general y director de formación, "tomaron la decisión de disponer de los 190.770 euros para unos fines distintos" al pago de las empresas por las labores de formación que llevaron a cabo.
Los acusados, añade, "debieron dar ese dinero necesariamente" al pago a esas empresas por lo que "el desplazamiento del mismo de la cuenta de la CEC sin retorno y con perjuicio para quienes eran sus destinatarios, cualquiera que fuese el motivo del mismo, supuso la asignación de ese valor, por parte de los acusados, de un destino distinto al obligado".
Por ello condena a los tres acusados por un delito agravado de apropiación indebida a la pena a cada uno de ellos de dos años de prisión y multa de diez meses, con una cuota de 10 euros al día.
Además deberán indemnizar conjunta y solidariamente a Multioficios con 131.520 euros, a Espinós i Paradís con 31.200 euros y a Audio Gil con 28.320 euros. De las citadas cantidades deberá responder la CEC, en calidad de responsable civil subsidiario.
