El debate está instalado desde este lunes en Jerez: ¿habrá subida de la tasa de la basura por la incorporación del quinto contenedor -el marrón- o el Ayuntamiento encontrará una fórmula para evitar tener que repercutir el alza del coste del servicio en el ciudadano? La oposición eleva la subida en hasta un 25%, ya que la previsión del incremento de ingresos por esta partida es de cuatro millones de euros, aunque la alcaldesa, María José García-Pelayo, insiste en que se están buscando alternativas para que esa subida “no suponga un incremento del coste del servicio”. En cualquier caso, ya anticipó que estamos ante el cumplimiento de una normativa legal “que la mayoría de ayuntamientos ya está aplicando”, a pesar de que “a ningún alcalde le gusta hacerlo”.
Otros ayuntamientos de la provincia de Cádiz ya han empezado a decidir si suben o no a los ciudadanos el recibo de la basura para afrontar la instalación del nuevo contenedor marrón que exige la ley para cumplir los objetivos de reciclaje marcados por Europa. San Fernando ya ha pedido una subvención para la implantación del servicio -como ha hecho Jerez- para no repercutir el encarecimiento del servicio en el contribuyente; Chiclana subirá un 4% el recibo, aunque por ahora lo desliga del nuevo contenedor -lo atribuyen al mayor esfuerzo inversor del Consistorio-; Algeciras asegura que no lo pagarán los ciudadanos; mientras que Cádiz, de momento, no se pronuncia, y Rota y El Puerto estudian qué hacer.
En la comarca del Campo de Gibraltar hay siete localidades (Tarifa, La Línea, Los Barrios, Jimena, Castellar, San Roque y San Martín del Tesorillo -todas, a excepción de Algeciras) para las que la subida ya es inminente, tal y como anunciaba ayer en 7TV Jerez la nueva presidenta de la Mancomunidad de Municipios, Susana Pérez Custodio, quien reconoció que se trata de una medida “impopular, pero necesaria”.
Jerez se prepara
El Ayuntamiento de Jerez aprobó a finales del pasado mes de julio la licitación del suministro de 1.500 contenedores de carga lateral para la recogida selectiva de materia orgánica, conocido como quinto contenedor de color marrón, por un importe de 1.597.200 euros. Esta licitación también contempla el suministro de 2.500 cubos domiciliarios aireados de 25 litros y 100.000 bolsas compostables de uso doméstico.
Para afrontar esta inversión el anterior gobierno local ya había conseguido la financiación correspondiente a través de los fondos Next Generation, aunque el Ayuntamiento debe afrontar un parte del total, 741.774 euros con cargo al presupuesto municipal.
Una vez adquiridos, los ciudadanos deberán arrojar al mismo exclusivamente los residuos orgánicos generados en el hogar, ya que, tras su recogida, se destinarán a la elaboración de compost y su posterior utilización como abono o fertilizante e incluso como fuente generadora de energía. Este quinto contenedor permitirá reducir la cantidad de basura orgánica que llega a los vertederos, además de disminuir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero implicados en el cambio climático.
El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, Jaime Espinar, recordaba esta verano que este proyecto de implantación del contenedor marrón tiene por objeto “promover el reciclado y la reutilización de los residuos, y la sustitución de estos por alternativas respetuosas con el medio ambiente. De hecho, la Unión Europea nos obliga a tenerlo”.
El impuesto por ley
La Ley 7/2022 de 9 de abril también impone a los ayuntamientos, por otro lado, un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos que los ayuntamientos están obligados a incorporar en sus presupuestos. En concreto, en Jerez el incremento del coste puede ascender a unos siete millones, a tenor de las toneladas de residuos que traslada anualmente a la planta de tratamiento. Pero, además, del impuesto se hace evidente el encarecimiento de la prestación del servicio.
Obligados a actuar por Ley
Todos los ayuntamientos están obligados a cumplir con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en cuanto al ejercicio de determinadas competencias, entre las que se incluyen los servicios de limpieza viaria y de la recogida y tratamiento de residuos, y dispone la implantación de un parque de contenedores instalados en vía pública, cuya función se considera fundamental para dar servicio al ciudadano de cara a la recogida de residuos. Por otra parte, la Ley 7/2022, de 9 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a los ayuntamientos a la implantación de la recogida separada de la materia orgánica, por lo que se hace imprescindible la adquisición de contenedores específicos para la recogida de estos residuos dentro de la modernización de la Administración Pública.
