La Junta de Andalucía no contempla como "prioritario en este momento" que pueda materializarse el abono del 5% anual de las nóminas de unos 6.500 funcionarios de Justicia, a los que como consecuencia de la crisis de liquidez de las administraciones públicas españolas en el 2012 se les descontó durante los años 2013 y 2014 los importes equivalentes a dos de sus pagas extraordinarias.
Esa cantidad, según los sindicatos con representación, supone unos 3.000 euros de media por empleado que integran los cuatro Cuerpos Generales de Justicia (gestores procesales, tramitadores, auxilio judicial y médicos forenses y especialistas). El importe de las nóminas que se retuvo ha sido devuelto gradualmente por los gobiernos autonómicos de diferente signo político, y solo resta Andalucía por pagar.
En este sentido, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, reconoció que en "otras comunidades autónomas se han abonado esas cantidades, pero no se han hecho otras cosas que se han hecho en Andalucía. Es una cuestión de negociación y en la mesa correspondiente se valora lo que conviene, y estoy seguro de que a todas las organizaciones sindicales les gustaría recuperar esas pagas, que no solo son de empleados de Justicia".
También estarían pendientes del cobro los funcionarios de Educación o Sanidad de Andalucía, que esos dos ejercicios estaban en plantilla en la Junta (decenas se han jubilado ya en esta década), por lo que los importes son bastante elevados. Solo para los funcionarios de Justicia de la provincia de Málaga se estima en 19,5 millones de euros.
Para Nieto, si no se pudieron devolver esas cantidades detraídas de las nóminas en ese momento es "porque se priorizaron otros asuntos y otras peticiones que se hicieron por los sindicatos. Estamos abiertos a negociar, pero al final hay que decidir porque los recursos son finitos y eso todo el mundo lo entiende".
TELETRABAJO, A LA ESPERA DEL MINISTERIO
Respecto a la regulación del teletrabajo de los funcionarios de Justicia, el consejero dijo que la Junta de Andalucía está a la espera de conocer cómo se desarrolla la normativa del Ministerio de Justicia de forma coordinada con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La Consejería de Justicia paralizó a inicios de noviembre pasado la aplicación de la instrucción que dio el Ministerio en julio de 2023, donde se dejaban sin efecto las condiciones para seguir teletrabajando desde casa, en las mismas circunstancias que durante la pandemia por el Covid 19.
Fue la protesta sindical de CSIF, STAJ, SPJ-USO, CC OO y UGT la que obligó a suspender a las 24 horas de comunicarse en los juzgados por la Junta de Andalucía la aplicación de la circular estatal, donde se decía que "deberían de acudir a cada centro el 100% de los efectivos tanto del Cuerpo de Letrados de la Administración (LAJ) y de los cuerpos de funcionarios".
El Gobierno central se apoyaba en las diferencias territoriales que por comunidades existían para el teletrabajo, y recordó entonces que "la atención presencial debía quedar garantizada siempre y en todo caso en horario de audiencia pública".
"Andalucía es una Administración prestacional y no tenemos margen para regular esta materia del teletrabajo para Justicia. Sí que estamos negociando con los sindicatos en el área de la Función Pública, pero quien negocia el teletrabajo es el Ministerio", dijo Jose Antonio Nieto, que añadió que se ha creado un grupo de trabajo con otras comunidades autónomas para concretar cómo será esta futura regulación para los empleados públicos judiciales.
El consejero de Justicia andaluz insistió, no obstante, que en el caso de aplicarse el teletrabajo en las sedes judiciales se tiene que tener en cuenta una serie de elementos que garanticen la seguridad de los documentos con los que se trabaja desde casa.
"Hay que tener unas condiciones para el acceso desde casa y regular además la obligación de atención al público que se tiene que mantener en los juzgados", agregó Nieto.
CONVENIO DE DIGITALIZACIÓN MUNICIPAL
El titular de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública hizo estas declaraciones en Málaga al término de la firma de un convenio con el Ayuntamiento de la capital, que permitirá acortar el tiempo de la tramitación de los expedientes municipales mediante la puesta en marcha de una nueva aplicación informática que estaría en servicio en el año 2025.
Málaga será la segunda provincia, después de Córdoba, donde se pondrá en funcionamiento la aplicación administrativa, con un coste que supera los 6 millones de euros, parte de los cuales son fondos europeos (FEDER). El Consejo andaluz de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital) han colaborado en el diseño.
Se trata de una herramienta tecnológica (cep@l) que reducirá de 600 a 446 los procedimientos habituales que realizan los ciudadanos y empresas con sus corporaciones locales, de tal forma que se unificarán formularios y plazos online de principio a fin.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue el encargado de firmar este acuerdo para la puesta en marcha del catálogo para digitalización municipal de forma paulatina.
