Los campus universitarios de Andalucía se llenaron la mañana de este miércoles de una energía que no ha pasado desapercibida: estudiantes, profesores y personal administrativo, unidos por una causa común. Frente a los imponentes edificios del Rectorado de la Universidad de Sevilla, el aire se cargaba de incertidumbre y protesta. No era un día común en la universidad: las pancartas se alzaban con fuerza y los manifiestos resonaban en la entrada.
Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT han desatado una movilización que se ha extendido por todos los campus públicos de la región. La razón de su indignación no es otra que el incumplimiento por parte del Gobierno de Juanma Moreno de los acuerdos pactados con la Consejería de Universidad. Un incumplimiento que afecta de manera directa al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico de Administración y Servicios (PTGAS), quienes, desde el 1 de enero de 2024, deberían haber comenzado a recibir los complementos autonómicos, el pago de trienios y carreras horizontales. Pero, en lugar de recibir lo prometido, la incertidumbre y la frustración se multiplican, alimentadas por la falta de una respuesta concreta.
A las puertas del Rectorado de la Universidad de Sevilla, el rector Miguel Ángel Castro no escondió su preocupación. “Nos faltan 50 millones de euros firmados y comprometidos”, sentenció con una seriedad que dejaba claro lo grave de la situación. La Universidad de Sevilla, como tantas otras, se encuentra a merced de una financiación prometida, pero aún no materializada. Los acuerdos con la Junta, que habían generado expectativas en la comunidad universitaria, se convirtieron en promesas incumplidas. Los rectores habían aceptado un primer reparto económico incompleto, confiando en que los 25 millones adicionales necesarios se garantizarían a lo largo del año. Sin embargo, esa certeza se ha evaporado con el paso de las semanas, dejando al sistema universitario en una posición cada vez más precaria.
Entre los sindicatos, la sensación era clara: no hay excusas que valgan. “Las universidades públicas han cumplido con su trabajo. Ahora le toca a la Junta hacer lo mismo”, decía Gerardo Martínez, de CCOO, con una mezcla de indignación y firmeza. Los trienios, quinquenios y sexenios pendientes no son una simple formalidad, sino un derecho adquirido, y su impago es, para muchos, un símbolo de la falta de respeto del gobierno hacia los trabajadores de la educación pública.
Desde las filas de CSIF, José Grimaldi, responsable de CSIF en la Universidad de Sevilla, resumió el sentimiento general con una frase: “No nos valen excusas de mal pagador”. Mientras tanto, Emilio Javier Gómez Álvarez, responsable de UGT en la Universidad de Sevilla, reafirmó el tono desafiante de la protesta y habló sobre las cláusulas de salvaguarda. Desde UGT, CCOO y CSIF dicen “no vamos a parar hasta que se garantice la aplicación de las cláusulas de salvaguarda del modelo de financiación; hasta que se garantice la cobertura total del capítulo de personal; los acuerdos retributivos; la subida salarial; la ejecución de sentencias, el crecimiento de las plantillas y cualquier otra partida del capítulo 1, así como la actualización de la cota personal y el cumplimiento de los acuerdos firmados con su directa repercusión en el empleo" advirtió, con la promesa de que las movilizaciones no cesarán hasta que se garanticen los derechos de todos los trabajadores del sistema universitario andaluz.
Los rectores de las universidades públicas han recibido señales de que la Junta está trabajando para resolver la situación. Sin embargo, las promesas de una solución urgente y definitiva para los problemas de financiación aún no se han materializado “Nos han pedido tiempo, pero en una semana esperamos respuestas”, confesaba Castro. Y es que la lucha no solo es por dinero, sino por el futuro de la universidad pública en Andalucía.
Y la tensión no se desvanece con el final del acto. “El martes que viene, el día 10 de diciembre, convocaremos una rueda de prensa para, esperamos ilusionadamente, decir que se ha solucionado este problema y el 2024 lo hemos resuelto”, aseguran, dejando claro que la lucha continúa. Un recordatorio de que, cuando los acuerdos se rompen, las consecuencias pueden ser más largas y ruidosas que cualquier firma en un papel.
La lucha por una educación pública andaluza fuerte y bien financiada sigue viva, y el gobierno de Moreno Bonilla, hoy más que nunca, está en el ojo del huracán. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿Responderá la Junta antes de que sea demasiado tarde?
