"Se trata de una nueva campaña de mentiras y engaños de la Junta de Andalucía, que, junto al Gobierno central, está anunciando medidas que solo se adoptarán pasados al menos seis u ocho años cuando se pronuncie en firme el Tribunal Supremo (TS)", ha señalado el colectivo, que ha trasladado su "indignación" ante los que califica de un "sinfín de mentiras".
Salvemos Mojácar apunta que, mientras se anuncia "esta supuesta intención" de demoler el hotel de El Algarrobico, el camino hacia el derribo "está siendo dilatado por los pleitos" que la "propia Junta de Andalucía, junto a la empresa promotora Azata y el Ayuntamiento de Carboneras, tiene interpuestos en defensa del hotel".
Para la organización, lo "primero" que tiene que hacer la Junta es retirar los citados pleitos y "presionar" al Ayuntamiento de Carboneras y la promotora "para que retire los suyos ya que todos son los principales responsables de que el hotel esté ahí". "Desde el comienzo de la saga de El Algarrobico --añade-- hemos asistido a un sinfín de mentiras por parte de la Junta de Andalucía, que por un lado dice en prensa que pretende demoler el hotel pero de facto está actuando para su legalización en los tribunales".
En esta línea, afirman que el compromiso hecho público el lunes por el MARM es "un paripé con vistas a la campaña electoral de noviembre, sin fundamento alguno y un maquillaje para encubrir las otras medidas, mucho más preocupantes, que el gobierno está poniendo en marcha para relanzar la economía del ladrillo".
Salvemos Mojácar ha expresado, asimismo, su rechazo a que la demolición del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones se sufrague con "dinero público". "Exigimos que se hagan cargo los corruptos responsables de la ilegalidad y la propia empresa promotora del hotel", concluyen.
La secretaria de Estado para el Cambio Climático y la Biodiversidad, Teresa Ribera, confirmó el lunes que el MARM y la Junta de Andalucía ultiman un protocolo para proceder al derribo de la edificación en cuanto las resoluciones judiciales lo permitan y por el cual el Gobierno central financiaría el derribo mientras que Administración autonómica sufragaría el posterior desescombro y la recuperación de la zona.
