El PCA recordó que "no es la primera vez que se pretende acabar con este derecho, reconocido tras una prolongada movilización de las organizaciones de migrantes, asociaciones de derechos humanos y la izquierda social y política".
Desde el punto de vista de esta formación, "no se debería olvidar que la universalización del derecho a la sanidad, sin requisito previo en casos de urgencia y con empadronamiento para el resto, vino precedido por un conjunto de pronunciamientos judiciales que recordaban la obligación del Estado español con los tratados internacionales y los principios humanitarios más esenciales".
Asimismo, entienden que "el Gobierno del PP, de la forma más hipócrita y alevosa, pretende justificar la medida con el abuso de ciudadanos extranjeros acaudalados que de esta forma estarían aprovechándose del sistema sanitario español; sin perjuicio del necesario control y de la oportunidad de ejercer el control para evitar que se aproveche del sistema, reclamando el coste de los servicios por medio de los convenios que ya existen, plantear una reforma de la Ley de Extranjería con este discurso tiene una finalidad clara de ahorrar a costa de los más débiles y vulnerando uno de los derechos fundamentales más básicos".
Asimismo, recordaron que, según sacó a relucir en un reciente estudio, elaborado por una gran entidad financiera española, "los trabajadores inmigrantes que llegaron a nuestro país durante la época de bonanza económica, han aportado más a la Seguridad Social y el Estado de Bienestar de lo que reciben y recibirán. De hecho, hasta el pasado año los trabajadores inmigrantes suponían un 12% de la población y recibían solo un 5,6% de los servicios sanitarios y sociales que prestaba el Estado. Es más incluso los trabajadores inmigrantes irregulares han aportado al Estado, al pagar impuestos indirectos (IVA, combustibles, tabaco o alcohol) o realizar tareas domesticas que han permitido a las mujeres españolas incorporarse al mercado de trabajo".
En el mismo sentido, el informe "desmonta el argumento de sobreutilización del sistema público de salud por parte de trabajadores inmigrantes, puesto que revela que usan un 7% menos el médico de cabecera y un 16,5% los médicos especialistas, que los usuarios autóctonos. También hay que recordar que los trabajadores inmigrantes que han cotizado al sistema público de pensiones durante varios años, y que ahora están regresando a sus países de origen, por la crisis, no van a recibir, en la mayor parte de los casos, una prestación de jubilación en su momento".
Por todo ello, desde el comité local del PCA denuncian "este atropello, que se suma al resto de las políticas de recortes que está llevando a cabo lo Gobierno del PP, y hacemos un llamamiento a la movilización del conjunto del movimiento ciudadano por la igualdad y la ciudadanía universal, y anima en particular a los algecireños y algecireñas a que levanten su voz el próximo 29 de abril a las 12.00 horas en la Plaza Juan de Lima. Una agresión de este calibre debe enfrentarse desde la movilización unitaria, que debe canalizarse conjuntamente con el resto de la contestación popular a las políticas que pretender hacer pagar la crisis al conjunto de la clase trabajadora".
