La condena a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo por autorizar la intervención de las comunicaciones que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama 'Gürtel' con sus abogados impuesta por el Tribunal Supremo al exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se mantendrá hasta el 3 de abril de 2022, según especifica el alto tribunal en la liquidación de condena efectuada.
La fecha ha quedado reflejada en un auto de la Sala de lo Penal hecho público este lunes tras el examen por parte de los magistrados de la documentación remitida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El escrito desvela, además que el exmagistrado ya ha abonado la multa que le impuso, superior a los 2.500 euros.
Un tribunal del Supremo, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, condenó a Garzón el pasado 9 de febrero en una sentencia, que tuvo como ponente al juez Miguel Colmenero. Completaban la Sala los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena --instructor del caso de los cobros de Nueva York-- y Luciano Varela --instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo--.
El caso 'Gürtel' fue la primera causa por la que el exjuez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricación y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales. Garzón fue absuelto en el segundo juicio celebrado contra él en el Tribunal Supremo, por un presunto delito de prevaricación cometido al investigar los crímenes franquistas careciendo de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
El abogado de la acusación Ignacio Peláez, defensor del empresario imputado en el caso Gürtel José Luis Ulibarri y autor de la querella inicial que dio lugar a este procedimiento, pedía una pena de 10 años de inhabilitación. Mientras tanto, los letrados Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, abogados de Francisco Correa y Pablo Crespo, solicitaban que dicha inhabilitación se prolongara entre 17 y 15 años.
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el 'pinchazo' de las entrevistas entre presos y abogados.
