Faltan sólo unos días para que el ERE municipal se haga efectivo (el 12 de septiembre) y toca volver a empezar con el grupo de empresas. El Ayuntamiento ya no es “novato” en la tramitación de expedientes pero por delante tiene un proceso bastante complejo en el que sigue habiendo muchos agentes implicados y del que, de momento, el Gobierno local no quiere desvelar “estrategia” alguna. Era un tema de agenda desde la semana anterior, y el pasado miércoles los consejos de administración de las empresas municipales aprobaron el inicio del procedimiento que supondrá el despido de una cantidad indeterminada de trabajadores, aunque todo apunta a que la cifra final de afectados rondará los 140.
La propuesta salió adelante gracias a la mayoría absoluta del grupo popular, encontrándose con el rechazo frontal de PSOE y Foro Ciudadano. Izquierda Unida, incluso, se negó a participar en la votación para no ser “cómplice” de lo que considera “una negligencia” del Gobierno local.
La iniciativa promueve un procedimiento de despido en Emuvijesa, Emensa, Jereyssa, Jesytel, Emusujesa, Cirjesa, Zoológico, Escuela de Negocios y Jecomusa (Onda Jerez) El planteamiento del Ejecutivo popular contempla la extinción de unos 90 contratos en dichas empresas, excluyendo de la relación a la última de ellas, que gestiona la televisión municipal. Viendo cómo han bailado las cifras en las últimas semanas, no sería extraño que esta estimación tampoco fuera definitiva y, de hecho, la propia alcaldesa ha dicho que espera que “en ningún caso” el número de afectados supere la previsión inicial. Mientras tanto, en lo referente a la televisión municipal hay más dudas, aunque se estima que podrían ser hasta medio centenar los trabajadores afectados, si bien el Gobierno nunca ha dado oficialidad a esta cifra.
El PSOE considera “totalmente injusta e insolidaria” esta medida, advirtiendo además de que se está incurriendo en un “incumplimiento flagrante” de acuerdos que fueron adoptados por unanimidad en el Pleno municipal. En concreto, los socialistas recuerdan que el 27 de abril se acordó la constitución de una comisión especial que concretara este tipo de medidas y estudiara alternativas al Plan de Racionalización de los Recursos Municipales. Además, el 29 de junio también se aprobó por unanimidad que se consensuara con los representantes sindicales y los grupos políticos cualquier tipo de medida que pudiera afectar a los trabajadores.
Foro Ciudadano justificó su oposición a esta medida en el rechazo que en su día mostró al Plan de Ajuste, el Plan Integrado y la línea de crédito abierta por el ICO, iniciativas que se encuentran en el origen de estos despidos. La portavoz de este grupo político, Rocío Montero, emplazó por tanto al Gobierno local a “asumir las consecuencias” de las medidas promovidas con anterioridad.
IU, por su parte, criticó la ausencia de un expediente o informe que justifique los despidos, así como la “falta de rigor” mostrada por el Gobierno local al presentar un texto genérico para todas las sociedades a pesar de partir de realidades singulares. Además, le parece “irresponsable” que se ponga el proceso en manos de Deloitte cuando “ha quedado de manifiesto su incompetencia y falta de ética” en el desarrollo del ERE municipal.
Pura formalidad
En todo caso, hay que tener en cuenta que la reunión del pasado miércoles es una mera “formalidad” y el proceso todavía requerirá de varios pasos que deberá ratificar la Junta de Gobierno local para arrancar.
Transcurridas apenas 48 horas de las citadas reuniones, los primeros que han rechazado los despidos han sido la plantilla de Jesytel, (responsable del mantenimiento de los encargada de la gestión de los sistemas de telecomunicaciones del Ayuntamiento). El pasado viernes un grupo de empleados se concentró a las puertas de su centro de trabajo para rechazar los despidos y en un comunicado la plantilla mostraba su “indignación” ante la “falta de diálogo” por parte del Gobierno Municipal, tras confesar haberse enterado por la prensa de sus planes.
En este sentido, reiteran la actitud “responsable” y “negociadora” de los trabajadores “en estos momentos de dificultad”. Prueba de ello, como indican, es que a finales de 2011 se accedieron a una rebaja salarial de un 13,9% por empleado, antes que realizar despidos, la otra opción propuesta, para conservar todos los puestos de trabajo en un documento firmado que suponía un aval para que no hubiera despidos en un futuro, como les garantizó la alcaldesa. Además, aseguran que desde que se conoció los planes de Pelayo de aplicar un ERE en las empresas municipales a finales de marzo están solicitando una reunión con la alcaldesa que todavía no han celebrado, habiendo recibido sólo una llamada de su secretaria en la que no se ha concretado fecha.
