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Cádiz

La Junta asegura que el problema de Las Aletas es jurídico y no económico

"Siempre hemos mantenido nuestro compromiso con el Parque de la Bahía de Cádiz y fue usted el que lo puso en cuestión y quien ahora se apunta a este proyecto con la fogosidad con la que ha vuelto a la política a Cádiz; bienvenido al proyecto", ha espetado Susana Díaz a Antonio Sanz

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  • Las obras del proyecto de Las Aletas están actualmente paralizadas

La consejera andaluza de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha asegurado hoy que "el problema" para desbloquear el proyecto del polígono industrial de Las Aletas, en Cádiz, "es jurídico", porque su viabilidad depende del resultado de un informe ambiental del Gobierno central, y "no económico".

Díaz ha contestado así en el Parlamento andaluz a una pregunta del diputado del PP por Cádiz Antonio Sanz, quien ha denunciado la paralización de este proyecto y ha urgido a la Junta a que desembolse su aportación económica y nombre a sus seis representantes en el consorcio de este parque.

El diputado popular ha denunciado que el Gobierno central ya ha aportado cien millones para este proyecto y, desde el pasado mayo, ha pedido en dos ocasiones a la Junta de Andalucía que nombre a sus representantes, un retraso que ha atribuido a discrepancias entre PSOE e IU.

"Siempre hemos mantenido nuestro compromiso con el Parque de la Bahía de Cádiz y fue usted el que lo puso en cuestión y quien ahora se apunta a este proyecto con la fogosidad con la que ha vuelto a la política a Cádiz; bienvenido al proyecto", ha espetado Díaz a Sanz, recién elegido presidente del PP gaditano tras cesar como secretario general del PP andaluz.

La consejera ha calificado de "inaudito" que en la actual situación de dificultad financiera el consorcio de este proyecto disponga de 84 millones de euros en una cuenta bancaria y ha apostillado que ello demuestra que el proyecto no sufre "un problema económico, sino jurídico".

Ha recordado que tras las sentencia que paralizó este proyecto por no haber justificado adecuadamente la expropiación de una zona medioambientalmente protegida, son las 407 hectáreas de titularidad estatal las que están judicialmente bloqueadas, mientras que el terreno cedido por la Junta de Andalucía es el único urbanísticamente legal.

Sanz ha replicado a la consejera que el retraso en el nombramiento de los representantes autonómicos y el desembolso de la aportación de la Junta es "injustificado" y "está teniendo gravísimas consecuencias" sobre el tejido industrial de Cádiz, provincia que, ha enfatizado, "se está desangrando por el paro".

"No hablemos de recursos; hagamos posible lo viable. Paguen lo que deben y nombre a sus representantes para este proyecto que es prioritario porque están en juego treinta mil empleos", ha concluido Sanz.

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