El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, remarcó ayer que las concentraciones llevadas a cabo durante estas últimas semanas por el colectivo de prejubilados han sido “ilegales” pero que el Consistorio las ha consentido en un afán de dejar expresarse a todo el mundo porque “es lícito que defiendan sus intereses”.
Esta “ilegalidad” desaparecerá una vez que el colectivo, apoyado por Comisiones Obreras, se concentre entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre, tal y como ha solicitado la formación sindical, una iniciativa a la que asegura que no se opondrán, al tiempo que criticó la politización que de ello han hecho, a su juicio, PSOE y CCOO de un asunto “jurídico”.
No más pagos
Asimismo, Fernández manifestó que, si no se lo pide el alcalde, José Ignacio Landaluce, no harán uso de la posibilidad que da el acuerdo plenario de septiembre acerca de pagar un segundo mes a los prejubilados.
Fernández resaltó que, hasta que la Junta de Andalucía notificó la ilegalidad de estas ayudas, los prejubilados cobraban una media de más de mil euros al margen de la pensión que les correspondiera, y que, en algunos casos, las cifras conjuntas superaban los 7.000 euros.
Recordó que esto es algo “que sólo ocurre en Algeciras y en San Roque” y le llamó la atención que en esos municipios no se produzcan las mismas protestas.
