Cada vez que este periódico ha preguntado a los responsables municipales o a los de la Junta de Andalucía sobre la cuestión han intentado eludir el problema que podría suponer aduciendo que se trata de un proyecto entre administraciones públicas, como si eso fuera óbice para crear un conflicto teniendo latente el caso de que el Ayuntamiento -ni siquiera en aras de la lealtad institucional- llevó a recepcionar jamás la calle Real tras las obras que finiquitaron su categoría de Carretera Nacional IV, ya funcionando la Variante.
Precisamente en esa cuestión se enmarca lo que cualquier día puede ser un problema, como lo fue el hecho de que no hubiera proyecto de obras que provocó la paralización de los trabajos por el pleito interpuesto por un particular expropiado.
La Junta de Andalucía, según manifestaba a este periódico el abogado José Antonio Gamero, precisamente el que paralizó la obra del tranvía, ha construido la plataforma tranviaria por lo que era la carretera N-IV, mientras que las aceras de la calle Real, como en cualquier vía por la que pasa un tren, pasan a ser servidumbre de la empresa de ferrocarriles andaluza.
Obviamente, para comenzar las obras, se firmó un convenio de cinco páginas entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para cuya ejecución se necesitaba la cesión de la calle Real -calzada y acera- a la Consejería de Obras Públicas y Transportes que, obviamente, pasaba a ser la propietaria de la principal arteria de la ciudad.
A preguntas de este periódico, el Ayuntamiento de San Fernando reconoció que la única cesión que se había hecho a la Junta era la de las aceras, propiedad municipal, mientras que los responsables de la Junta de Andalucía reconocían que no tenían permiso del Ministerio de Fomento, propietario de la carretera, para realizar la obra.
Lo hecho, hecho está
Independientemente de que las cosas se arreglen, como se ha tenido que hacer al constatarse que las obras se hicieron sin proyecto de obras -y así han salido- y no exista una reclamación del Ministerio de Fomento a la Junta de Andalucía sobre el uso de un suelo de su propiedad sin los preceptivo permisos, lo realmente cierto es que se ha actuado sin cumplir los requisitos exigibles, una vez más.
Y ahora las dos administraciones son de distinto signo político y a tres bandas: la Junta de PSOE e Izquierda Unida; el Ministerio de Fomento del Partido Popular y la ciudad también del PP, coaligado con el Partido Andalucista, alma mater del desaguisado en que se ha convertido el proyecto llamado a marcar un antes y un después. ¡Y cómo lo ha marcado!
En un plano aparte queda la sensación de los ciudadanos cuando ven cómo actuan quienes están llamados a dar ejemplo de estricto cumplimiento de la legalidad y procedimientos.
