La Audiencia Nacional ha fijado para los días 18,19, 22, 23 y 24 de abril la fecha para la celebración del juicio oral por el llamado caso 'Saqueo II', derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal de Marbella (Málaga) del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, quien ha recordado que en la investigación se detectaron "irregularidades importantísimas" sobre la supuesta defraudación de los miembros de los consejos de administración y, especialmente, sobre la facturación de proyectos presuntamente falsos al Ayuntamiento por parte de sociedades.
"Para nosotros --ha continuado Romero-- es muy importante que la Justicia vaya cumpliendo con su obligación y que se pueda resarcir al municipio". Ha señalado que el llamado caso 'Saqueo II' es uno "de los más antiguos de los que se han tramitado por el llamado saqueo de las arcas municipales". Este procedimiento es la continuación del 'Saqueo I' y abarca la actuación de los gobiernos gilistas desde 1994 al 1999.
La Fiscalía Anticorrupción acusa en esta causa a 36 personas, entre ellas el exgerente de la sociedad Planeamiento 2000 y principal acusado en el caso 'Malaya', Juan Antonio Roca; el exalcalde marbellí Julián Muñoz, el exprimer teniente de alcalde Pedro Román, y varios exediles, como la que luego fue alcaldesa Marisol Yagüe, que también ha sido juzgada en Málaga por el caso de corrupción en Marbella.
El ministerio fiscal acusa en su escrito de calificación inicial por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento mercantil. Esta acusación destaca que los acusados, relacionados con el gobierno municipal, "gestionaron los recursos municipales al margen de las normas legales y con la finalidad de sustraer a cualquier control público los fondos".
Además pretendían, dice la Fiscalía Anticorrupción, "utilizar parte de ellos en beneficio propio y en detrimento del Consistorio". Se especifica que los acusados que formaban de una forma u otra parte del Ayuntamiento "omitieron voluntaria y conscientemente ajustarse a la legislación que les obligaba, reguladora de la Administración Local".
Mientras que los demás acusados no concejales "facilitaron la anterior conducta de quienes ostentaban dichos cargos públicos o se beneficiaron de dicha actuación pese al conocimiento del actuar ilícito de los anteriores, coadyuvando al mismo", dice el escrito, en el que se añade que la contabilidad del Ayuntamiento "no reflejaba la situación real del mismo".
El Ayuntamiento de Marbella, por su parte, realizó acusación contra 33 personas y, en cuanto a los delitos, se adhiere, aunque precisa algunas modificaciones, a los que figura en el escrito del ministerio fiscal, según las conclusiones provisionales presentadas por el Consistorio marbellí, a las que ha tenido acceso Europa Press.
