El Ayuntamiento malagueño de Álora está dispuesto a pedir la colaboración de los casi 300 usuarios del hogar del pensionista para presionar a la Obra Social de Unicaja en sus negociaciones tras el abandono de ésta de la gestión del centro, lo que ha motivado que el Consistorio tramite la cancelación de todas las cuentas que posee con la entidad.
El pasado 1 de enero la Obra Social de Unicaja, que dirige Dolores Cano, formalizó su anuncio de retirarse de la gestión del hogar del pensionista de Álora aduciendo el descenso del presupuesto de la Obra Social. Aunque existen negociaciones entre ambas partes, el alcalde, José Sánchez Moreno, ha anunciado que si no llegan a buen puerto, cancelará todas las cuentas que el Consistorio tiene con Unicaja y las trasladará a otra entidad.
Pero el regidor está dispuesto a ir más allá. Tras recordar que la retirada de las cuentas municipales de Unicaja conllevará que muchos funcionarios también decidan hacer lo mismo “porque pueden tardar en cobrar dos o tres días más”, José Sánchez admitió que pedirá a “los abuelos su apoyo para actuar en esa reivindicación”, lo que podría traducirse en la retirada de las pensiones de Unicaja, que podría alcanzar las 300 si todos formalizaran esta amenaza.
Ante la posibilidad de un acuerdo, el regidor puntualizó que “tiene que ser con los abuelos, no me valen compensaciones con cabalgatas o exposiciones”, señalaba, apuntando que la participación de Unicaja en otras actividades de la localidad “es mínima”.
Unicaja ya ha adelantado que están en disposición de alcanzar “el mejor acuerdo” tanto para el municipio como para los casi 300 usuarios del hogar del pensionista, buscando el mejor método para mantener el objeto social de este centro.
La Obra Social de Unicaja ha redefinido muchas de sus actuaciones e inversiones tras la conversión de Unicaja en banco y ante las nuevas exigencias económicas. Así, en otras localidades, ha conseguido llegar a acuerdos con centros similares y en otros están pendientes.
Este departamento, que ahora dirige Dolores Cano, ya protagonizó un enfrentamiento judicial con cuatro ancianas a las que quiso incluso desahuciar en los tribunales de la residencia Marymar en Banalmádena.
Tras casi un año de litigios judiciales, en el que los familiares de las ancianas denunciaron la atención deficiente a la que las habían relegado, Unicaja alcanzó un acuerdo con las cuatro familias, que argumentaban que su contrato con la residencia permanecía vigente -de hecho, seguían abonado las cuotas aun estando oficialmente cerrado el centro- frente a la anulación unilateral que hizo Unicaja.
