A la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) resuelva el “recurso de aclaración” interpuesto por el Gobierno municipal de la sentencia del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), los gabinetes jurídicos de las dos partes llevan haciendo cuentas casi desde el primer día. Mientras que sindicatos y algunos partidos de la oposición hablan de la friolera de 25 millones de euros para referirse al coste que supondría a las arcas municipales la indemnización a los 260 empleados municipales en contra de la readmisión, las estimaciones realizadas por expertos del caso tras analizar la sentencia arrojan una cifra 3,5 veces menos que la difundida por las secciones sindicales.
En concreto, según estos cálculos, sumando los 5,3 millones de euros que ya tuvo que abonar el Ayuntamiento en concepto de indemnizaciones el pasado verano (a razón de 20 días por año al considerar un despido objetivo basado en causas económicas), habría que añadir otros 7 millones, montante obtenido de los 45 días por año trabajado al que eleva la juez las cuantías al determinar que los despidos son improcedentes, lejos de lo que alegó el Ejecutivo.
En total, ambas cantidades suman un montante aproximado de unos 12 millones de euros, cifra que se corresponde con el gasto que supone para el Consistorio el pago de las nóminas de todo un año de los 260 trabajadores despedidos. Teniendo en cuenta este dato, y que en caso de readmisión el Gobierno municipal tendría que asumir los salarios de tramitación (dejados de percibir por el trabajador desde el despido hasta la de notificación de la sentencia), que equivalen a unos seis millones de euros más, este coste podría pesar y mucho en su decisión de seguir adelante y optar por indemnizar.
No hay que olvidar que tal y como ha insistido la alcaldesa, María José García-Pelayo, cada vez que se le preguntaba por una sentencia desfavorable, si el ERE actual no prosperaba, haría otro. Teniendo en cuenta que si opta por readmitir a los trabajadores despedidos, además de pagar los salarios de tramitación -obligación de la que se exime si indemniza- tendrá que volver a asumir el coste de las nóminas y de nuevas indemnizaciones por otro ERE, es más que probable que el PP vea esta opción como la “más ventajosa” a medio y largo plazo para la ciudad antes que reincorporar a los despedidos.
En cualquier caso, aunque no hay muchas expectativas, el montante final de la indemnización podría ser inferior si la sentencia no se aplicara sobre los 125 despedidos mayores de 59 años al no estar dentro de los criterios de evaluación, aunque para ello primero hay que ver en qué línea despeja dudas el Alto Tribunal.
Las cifras vuelven a bailar
Si el Ayuntamiento opta por indemnizar, tendrá que desembolsar unos 12 millones, sumando los 5,3 que ya pagó a los despedidos
