El PSOE de Huelva está presentando mociones en los ayuntamientos de la provincia para exigir al Gobierno central que la biomasa procedente de los restos de poda del olivar y de la vid sea equiparada al tratamiento de los cultivos energéticos y tengan derecho al cobro de primas.
El olivar y la vid suponen una parte importante de la economía y empleo en la provincia, así como el sostén de miles de onubenses. Los socialistas ponen de manifiesto en un comunicado que, si bien el objetivo principal de estos cultivos es producir aceite, aceitunas y vino; también se genera un volumen importante de biomasa que "actualmente se quema en el campo sin aprovechamiento económico para los agricultores".
Los socialistas mantienen que este desaprovechamiento, además de suponer "un despilfarro energético", corta un camino que puede generar empleo en el ámbito rural. Por ello, abogan por llevar a cabo un aprovechamiento de esta materia renovable, siendo necesario la modificación de dos normativas con el fin de que estas labores fuesen "viables", según apuntan.
Así, instan al Gobierno central a "suspender los efectos" del real decreto 1/2012 en lo referente a la biomasa, pues esta normativa "impide el desarrollo de nuevas iniciativas industriales para el aprovechamiento de estos recursos", señalan los socialistas.
Asimismo, piden que se modifique el Real Decreto 2/2103, que "pone en riesgo de supervivencia los cultivos ya existentes al eliminar el IPC (Índice de Precios al Consumo) como el índice para la actualización de las retribuciones". Por último, urgen a que se actualicen los pagos de los cultivos actualmente en funcionamiento.
Para los socialistas, la adopción de estas medidas serían "muy positivas" desde el punto de vista energético, medioambiental y laboral, produciendo un elevado número de jornadas de trabajo en el medio rural.
Además, sería un complemento para la renta de los agricultores en un momento en el que los precios bajos colocan a estas explotaciones en una situación vulnerable y donde la lucha contra el desempleo "ha de formar parte del eje básico de trabajo del conjunto de las administraciones", indican.
