La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a dos años y seis meses de cárcel al exalcalde de La Algaba José Luis Vega (IU-CA) por pedir a unos empresarios una comisión de 60.000 euros a cambio de la concesión de una licencia, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las fuentes consultadas han indicado que, tras el juicio celebrado el pasado 25 de junio, la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado al ex primer edil por un delito de cohecho a dos años y medio de cárcel, siete años y seis meses de inhabilitación y 90.000 euros de multa, mientras que lo absuelve del delito de prevaricación del que le acusó la Fiscalía.
Asimismo, el tribunal condena al ex concejal y coordinador de Alcaldía Antonio Muñoz Molina a nueve meses de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación y 67.000 euros de multa a cuenta también de un delito de cohecho en relación a estos mismos hechos.
Hay que recordar que la Sección Primera rechazó como prueba de cara al juicio la audición de la grabación de la conversación que mantuvo el condenado con unos empresarios de 'Arcopro S.L.', todo ello después de que un informe de la Unidad Central Criminalística del Cuerpo Nacional de Policía concluyera ya en 2011 que "no es posible realizar informe técnico pericial de identificación de voz" del citado material al estar "muy degradada" su señal acústica.
En su escrito de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía mantenía que Vega, alcalde de La Algaba entre 2003 y 2009, era "claramente consciente de que no se cumplían los requisitos urbanísticos para conceder la licencia de primera ocupación" a la empresa Arcopro, a pesar de lo cual el 16 de julio de 2008 concedió dos licencias de primera ocupación mediante sendos decretos y con el informe en contra de la oficial mayor del Ayuntamiento.
Según el fiscal, "este cambio de posición del acusado vino motivado porque había solicitado, de forma indebida y con ánimo de lucro propio, una cantidad de 60.000 euros para concederlas", aunque posteriormente rebajó su petición a 30.000 euros, a lo que los empresarios se negaron. Así, y ante la sospecha que el alcalde tenía de "haber sido grabado en alguna conversación, como así fue, y evitar la difusión pública, otorgó las licencias".
En la vista oral, y además de los acusados, comparecieron como testigos la propia oficial mayor, quien dio cuenta de su informe, y la ex secretaria general del Ayuntamiento de La Algaba Encarnación C.P., quien ya en diciembre de 2010 testificaba en la causa manifestando que la licencia en cuestión gozaba de "un informe técnico favorable", aunque "no era frecuente que se firmara un decreto con el informe desfavorable de la oficial mayor".
LA GRABACIÓN, "TOTALMENTE INVALIDADA"
Vega, de su lado, se ha desligado siempre de cualquier irregularidad y, recientemente, avisaba de que "la principal acusación que esgrimía el PSOE como prueba de cargo", en este caso la grabación, "ha quedado totalmente invalidada". Según señalaba, el mencionado CD "pudo sufrir numerosas manipulaciones antes de que los socialistas lo pusieran en mano de la justicia".
Al finalizar la vista oral, Vega dijo a Europa Press que durante el juicio "no ha habido pruebas sobre la mesa" sobre dichos delitos de cohecho y prevaricación. Vega, en primer lugar, manifestó que al no ser admitida como prueba la mencionada grabación, todo queda reducido a "un testimonio contra otro" y a "un informe contra otro informe".
Sobre este último aspecto, recordó que pese al informe desfavorable de la oficial mayor, media en el asunto un informe favorable del arquitecto técnico municipal y "tenemos jurisprudencia que nos dice que con un sólo informe a favor se puede conceder una licencia".
