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Lunes 01/07/2024  

Almería

El Ayuntamiento de Cantoria para derribo de otras dos casas ilegales y ordena abrir expediente sancionador a la Junta

Así lo han indicado fuentes municipales, que han precisado que la paralización responde a que en el Consistorio "no consta" la existencia de un "documento técnico de derribo" que "garantice la seguridad" de operarios y transeúntes

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El Ayuntamiento de Cantoria (Almería) ha dictado una resolución por la que ordena paralizar el derribo de las dos últimas viviendas ilegales propiedad de ciudadanos británicos levantadas en el paraje Las Terreras y por las que tuvo que dejar la Alcaldía el exregidor Pedro Llamas tras ser inhabilitado al tiempo que ha resuelto que se dé inicio a un expediente administrativo sancionador contra la Junta de Andalucía por la demolición de otras dos edificaciones hace tres días.

   Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han precisado que la paralización responde a que en el Consistorio "no consta" la existencia de un "documento técnico de derribo" que "garantice la seguridad" de operarios y transeúntes ni una "declaración de innecesariedad de licencia" municipal para esta actuación. "Cuando la documentación sea presentada, la actuación podrá continuar", han indicado.

   Cabe recordar que la Junta de Andalucía ejecutó subsidiariamente el lunes el derribo de dos de las cuatro casas unifamiliares sobre las que pesa tanto una sentencia en firme dictada por la Audiencia Provincial de Almería como una resolución por vía administrativa, que ya daba vía libre a ejecutar la demolición en 2007. Antes, dio a los dueños de los inmuebles dos meses de plaza para retirar enseres y pertenencias.

   La actuación respondió, así, a la petición de ejecución forzosa realizada por la Junta el pasado mes de agosto y a la que dio respuesta el tribunal de la Sección Segunda en una providencia de 10 de septiembre en la que señalaba que no había "inconveniente en que se dé inicio en reponer la realidad física alterada al coincidir pronunciamientos" tanto de la vía penal como de la vía administrativa.

   Desde el Ayuntamiento de Cantoria sostienen que para justificar la orden de Alcaldía de incoar expediente que, en el caso de las dos edificaciones que ya no están en pie, "no se sabe si existen o no documentos técnicos de derribo remitidos" al Consistorio "ni tampoco, por tanto, si están conformes o no a la normativa vigente".

JUNTA: "NO SE NECESITA" LICENCIA

   La Junta de Andalucía ya indicó esta semana que la administración local era "conocedora" de que se iba a proceder al derribo de dos de las viviendas ilegales y ha puntualizó que esta actuación para dar cumplimiento a una sentencia en firme y al procedimiento administrativo "no necesita" de licencia urbanística para su ejecución.

   Así, desde la Delegación Territorial de Medio Ambiente trasladaron que el Reglamento de Disciplina Urbanística en desarrollo de la Ley 7/2002, en su artículo 10 respecto de los actos promovidos por las Administraciones Públicas fija que están exceptuados de licencia urbanística cuando se correspondan con "los actos necesarios para la ejecución de las resoluciones administrativa o jurisdiccionales dirigidas al restablecimiento de la legalidad urbanística"

   "La ejecución de forma subsidiaria por la administración autonómica de la demolición de las dos viviendas es en ejecución de resoluciones administrativas, además coincidentes con pronunciamientos penales, para la que se cuenta con los correspondientes proyectos técnicos y dirección facultativa, si bien no necesita licencia urbanística en aplicación de las disposiciones legales vigentes", remarcaron.

   En esta línea, apuntaban que mediante fax remitido el 8 de octubre se comunicó al Ayuntamiento la fecha para la ejecución de la demolición y se le "invitó a participar en la reunión a mantener dos días después, previa a la ejecución de la demolición".

   El exalcalde de Cantoria está condenado a dos años de cárcel y 23 meses de inhabilitación para empleo o cargo público por faltar a la verdad en un escrito "con sello oficial" del Ayuntamiento remitido a la Policía Autonómica, en el que negaba haber dado autorización para el suministro de luz y agua a esta promoción de cuatro viviendas construidas en no urbanizable y por no denunciar estas edificaciones ni incoar ningún expediente sancionador ni de restauración de la legalidad.

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