La concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María del Mar Sánchez Estrella, ha defendido este lunes los "gastos pagos e ingresos" contenidos en las concesiones administrativas destinadas a regular la gestión y explotación indirecta de las instalaciones deportivas básicas municipales que hasta ahora dirigían los clubes deportivos a través de la figura de las juntas rectoras. La concejal, en ese sentido, ha defendido que ya los estatutos aprobados en 2005 para las propias juntas rectoras les atribuían los gastos de explotación, extremo que según la edil no fue cumplido en los mandatos anteriores.
Las juntas rectoras de al menos cinco instalaciones deportivas básicas municipales del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla han acordado movilizaciones conjuntas contra los concursos negociados sin publicidad destinados a entregar la gestión, explotación y mantenimiento de estos espacios hasta ahora dirigidos por los clubes deportivos. Francisco Javier Jiménez, presidente de la junta rectora de la instalación básica del centro deportivo La Ranilla, ha anunciado a Europa Press que estas juntas rectoras formadas por clubes deportivos están en contra de dicho procedimiento, al implicar un encarecimiento de los servicios o directamente la "privatización" de estos espacios.
Y es que, mientras el Ayuntamiento esgrime que la concesión administrativa que regirá la nueva gestión de la instalación básica del centro deportivo La Ranilla, por ejemplo, contempla un canon anual de sólo 671 euros, la junta rectora avisa de que la explotación del recinto según las nuevas condiciones implica costes totales anuales por valor de 72.797 euros al incluir los costes de la electricidad, el agua, la telefonía o la "seguridad", estipulando además la obligación de formalizar una póliza de seguros de responsabilidad civil y otra de tipo multirriesgo, así como el abono de "impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes y exacciones".
Para Francisco Javier Jiménez, los costes implícitos en la concesión administrativa provocarán un incremento de las cuotas que pagan las familias para que sus hijos practiquen deporte en estas instalaciones públicas, o incluso una "privatización" directa de las mismas al no ser viable la concurrencia para los clubes reunidos en torno a las antiguas juntas rectoras.
Sánchez Estrella, de su lado, ha defendido que a la hora de promover estas licitaciones, el IMD se ha dirigido a los clubes que integran las juntas rectoras de las instalaciones básicas afectadas por las licitaciones en cuestión, porque tales clubes podrían ser "los posibles futuros gestores de las instalaciones", si bien la gestión puede ser también encomendada a otro tipo de entidades o empresas, como ha reconocido anteriormente el Consistorio. La gestión de las instalaciones, según insiste la concejal, implica "cumplir con los gastos, pagos e ingresos" asociados a la mismas, toda vez que "los estatutos de 2005" relativos al funcionamiento de las juntas rectoras estipulan que las mismas tenían que hacer frente a los gastos y pagos derivados de la explotación de las instalaciones y anteriormente "no se hicieron cumplir los estatutos" en lo que a este aspecto concierne.
Los anteriores gobernantes, según la concejal del PP, "fueron irresponsables por no asumir su responsabilidad como gestores" y no hicieron cumplir el mencionado extremo. "Este Ayuntamiento, ajustándose a la Ley, tiene la obligación y la responsabilidad de asumir este cambio de modelo de gestión que no se trata de una privatización: la fórmula que el IMD va a poner en marcha es un contrato de servicio público dentro del marco legal", resume la concejal insistiendo en que la explotación indirecta de las instalaciones en cuestión no implicará una "privatización" como tal porque "el precio de las instalaciones deberá estar en correspondencia a las ordenanzas de precios públicos y deberán ser aprobado por el IMD".
