La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) se ha descargado de responsabilidades y ha culpado a la SAREB (banco malo) de "frenar cualquier solución, instando la judicialización" del proyecto de viviendas de VPO en Sevilla, impulsado por una Fundación vinculada a la patronal.
En un comunicado la patronal ha criticado la "confusión interesada alterando el buen nombre de la Confederación empresarial" entre la Fundación para el Desarrollo del Sur y la CEA, y en este sentido ha aclarado que son "entidades jurídica, institucional y económicamente distintas, con órganos de gobierno y fines estatutarios totalmente diferenciados".
De hecho, la CEA, según ha aprobado por unanimidad su comité ejecutivo, ha anunciado que "se reserva las acciones legales oportunas en defensa de sus derechos contra las manifestaciones del SAREB o contra quien corresponda".
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB) ha denunciado ante la Fiscalía a la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa por un desfase de entre 12 y 14 millones en la promoción de 583 viviendas de VPO en Sevilla, según fuentes de dicho organismo.
También ha instado un concurso de acreedores por la insolvencia jurídica y económica de la Fundación y por la incapacidad para concluir las obras debido a la "inacción" y a la falta de compromiso de ambos organismos para finalizar la promoción de viviendas Isbylia en Sevilla, según las mismas fuentes.
El comité ejecutivo de la CEA, reunido ayer, ha respaldado de forma unánime al presidente de la Confederación, Santiago Herrero, tras informar de la situación de la Fundación para el Desarrollo del Sur.
La patronal ha lamentado que "cuando parecía que todo estaba finalmente encauzado para su terminación definitiva, la SAREB ha frenado cualquier solución, instando su judicialización, y abriendo un debate interesado en los medios de comunicación".
No obstante, ha ofrecido su colaboración a la Fundación para que "continúe, a pesar de las adversidades, en el desarrollo y culminación del proyecto de construcción de VPO Isbylia en aras a atender a las familias adquirientes y a las empresas proveedoras, que sufren un retraso de más de cuatro años en la culminación de las obras, que están prácticamente terminadas".
Igualmente, la CEA ha lamentado que "actuaciones de índole mercantil de entidades distintas a la Confederación se conviertan en herramientas para tratar de cuestionar el buen hacer que la CEA tiene acreditado en sus 35 años de historia".
Ha defendido la labor de la Fundación, cuyo presidente es el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y entre los vocales figuran Herrero y otros miembros de la cúpula patronal, ya que en el "ejercicio de su acción social sólo ha pretendido atender la importante demanda social de vivienda que existía en Andalucía entre jóvenes empresarios y autónomo, aunque, por mandato legal, esa iniciativa se extendió a toda la ciudadanía".
