Diputación pagará en el mes de abril casi 7´5 millones de euros a proveedores y entidades públicas y privadas. El presidente de la institución provincial, José Loaiza, ha indicado que con esta transferencia –con la que se resuelven las obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2013- el periodo medio de pago rondará los 90 días. Además, ha destacado que, en el presente ejercicio, se alcanzará el plazo de 60 días establecido en la Ley de medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Con estas transferencias “Diputación recupera la credibilidad”, ha manifestado el presidente de la institución provincial, y abandona anteriores etapas “en las que se dejaban las facturas en los cajones”. Este esfuerzo por acortar los plazos de pago redunda en una mejora en la liquidez de las empresas proveedoras y puede comportar, incluso, una reducción en los costes de Diputación ante eventuales rebajas de precios según ha precisado Loaiza. La nueva tendencia revela que “se puede hacer más con menos” y que con esta actitud “se contribuye a salir de la crisis”.
Junto a Loaiza ha comparecido, en esta exposición de datos, el responsable del área de Hacienda, Recaudación y Contratación en la institución provincial, Juan Antonio Liaño. Loaiza ha valorado el esfuerzo desempeñado por empleados públicos y direcciones técnica y política en esta reducción de los periodos de pago. A esta actitud, elogiada por el presidente de Diputación, se suma la incorporación de nuevos medios como es el Registro Electrónico de Facturas que propicia un control riguroso de las obras y servicios liquidados y una evidente seguridad jurídica para los proveedores.
José Loaiza ha desglosado las partidas más significativas del pago que se saldará en abril: de los más de 7´4 millones de euros del total, 5´2 corresponden a facturas emitidas por empresas proveedoras, 187.000 euros se refieren a subvenciones a entidades privadas, y 1´5 millones a pagos para entidades locales.
El presidente de Diputación ha explicado que el actual equipo de gobierno iniciaba su mandato, a mediados de 2011, en unas circunstancias muy complejas: “Nos encontramos facturas por 4 millones de euros sin reconocer y por tanto sin pagar”, e incluso “con convenios, pendientes de pago, del año anterior”.
