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Sevilla

El chatarrero imputado por la muerte de la familia de Alcalá desconocía que los botes fueran tóxicos

Según se desprende de las declaraciones tomadas por la juez, los botes de fosfuro de aluminio no cumplieron la cadena de custodia La chatarrería pagó 308 euros a la empresa de gestión de residuos a cambio de los botes contaminados que mataron a la familia

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El responsable de la chatarrería imputado por el reciclaje de los botes de plaguicida que provocaron la muerte el pasado 14 de diciembre de 2013 de tres miembros de una familia de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tras una intoxicación inhalatoria con fosfina ha comparecido este lunes ante la juez instructora y ha asegurado que desconocía que los 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que adquirió a una empresa de gestión de residuos peligrosos tuvieran elementos tóxicos.

   La juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Alcalá de Guadaíra ha tomado declaración entre las 10,30 y las 17,00 horas de este lunes tanto al encargado de la chatarrería Reciclados Nivel, Pedro Antonio G.C., como a los representantes legales de la chatarrería y de la empresa de gestión de residuos peligrosos Alansu S.L., empresas ambas imputadas como personas jurídicas.

   Asimismo, la juez había citado como imputada a la encargada de la empresa de gestión de residuos peligrosos, María Rosa S. M., aunque su comparecencia ha sido aplazada 'sine die' ya que su defensa ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Sevilla su imputación, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

   La juez les atribuye un presunto delito contra el medio ambiente en concurso con tres delitos de homicidio imprudente por no reciclar de manera adecuada unos botes de plaguicida que en diciembre pasado causaron la muerte al matrimonio compuesto por Enrique Caño, de 61 años de edad, y Concepción Bautista, de 50 años, y una hija de 14 años.

   Fuentes del caso han informado de que, en su declaración ante la juez, el encargado de la chatarrería imputado ha dicho que desconocía que la partida de 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio que le llegó procedente supuestamente de la empresa de gestión de residuos estuviera contaminada, pues "no sabía que tuviera elementos tóxicos y pensaba que los envases eran de aluminio".

FALLARON LOS MECANISMOS DE CONTROL

   Las mismas fuentes han destacado que, según se desprende de las declaraciones tomadas por la juez a lo largo de la jornada, los mecanismos de control fallaron y la cadena de custodia se rompió, pues la empresa de gestión de residuos debía haber eliminado o desintoxicado los botes de aluminio y los tapones que contenían la sustancia tóxica.

   No obstante, y en lugar de contratar a un gestor final autorizado para que desintoxicara dichos botes, la empresa se los vendió a la chatarrería, que abonó 308 euros por 1.000 kilogramos de botes de fosfuro de aluminio con restos del plaguicida que acabó matando a tres miembros de la misma familia.

   Según el trabajador de la chatarrería imputado, su empresa "no tenía una relación comercial habitual" con Alansu, de manera que únicamente en una ocasión más le había comprado material.

   En la causa se han personado como acusación particular tanto la hija de 13 años del matrimonio fallecido que sobrevivió como sus tíos.

   La investigación trata de aclarar si los botes de fosfuro de aluminio fueron vendidos con sus respectivos tapones a la chatarrería y cómo llegaron dichos tapones a la vivienda de la familia de Alcalá de Guadaíra, barajándose como hipótesis que esta empresa pudiera haber pagado con tapones al cabeza de familia, Enrique Caño, a cambio de chatarra. Los tapones, finalmente, aparecieron en el cuarto de baño de la familia fallecida.

EL INFORME DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA

   El Instituto Nacional de Toxicología ya confirmó que los tres integrantes de la familia murieron a causa de una intoxicación inhalatoria con fosfina. La fosfina es un gas "extremadamente tóxico y letal" que actúa como veneno respiratorio y se genera por el contacto con la humedad del aire o agua de algunos plaguicidas elaborados con fósforo, según concluyó en su estudio el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla.

   A pesar de que las primeras hipótesis planteadas apuntaban a una supuesta ingesta de alimentos en mal estado, los primeros estudios microbiológicos y de toxinas realizadas por Toxicología ya descartaban estas suposiciones, apuntando hacia la posibilidad de que la intoxicación se hubiera producido por la acción de un compuesto químico de elevada toxicidad.

   Así, el análisis de las muestras biológicas y el estudio de los tejidos de los órganos de los fallecidos mostraban, además, compatibilidad con la intoxicación por este gas, que se absorbe fácil y rápidamente por los pulmones y a través del tracto intestinal hacia el flujo sanguíneo, todo ello pese a que, por sus características, no se detecta en la orina o la sangre y a veces manifiesta valores normales en los marcadores de fósforo y aluminio.

   De este modo, y en el curso de la investigación, se encontraron unos tapones en el cuarto de baño de la vivienda que presentaban fósforo y aluminio en los restos de polvo que aún contenían, tras lo que los análisis en el laboratorio corroboraron la existencia de fosfina mediante tratamiento de los restos de polvo.

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