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España

El Tribunal Supremo estudiará el jueves la condena a Matas por la contratación ficticia de su mujer en un hotel

La esposa del que fuera ministro del PP recibió pagos de 3.000 euros mensuales que durante todo 2007 que, según la sentencia, \"no era más que una prebenda o donación\"

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El Tribunal Supremo celebrará el próximo jueves una vista pública para estudiar el recurso presentado por el expresidente balear Jaume Matas por un delito de cohecho, en su consideración de pasivo impropio, a una multa total de 9.000 euros y al comiso de los 42.111 euros que recibió como regalo a través de la contratación ficticia de su mujer, Maite Areal, por parte de un conocido hotelero mallorquín.

   La condena fue impuesta por un tribunal con jurado de la Audiencia Provincial de Baleares y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) consideró que la cantidad recibida "era realmente una donación al señor Matas" en atención a su cargo "y no la retribución de un trabajo realizado por su esposa".

   La esposa del que fuera ministro del PP recibió pagos de 3.000 euros mensuales que durante todo 2007 que, según la sentencia, "no era más que una prebenda o donación" por su condición de presidente del Ejecutivo autonómico. De no haber ostentado este cargo no habría resultado agasajado con dádiva alguna, destacaba la resolución.

   La Audiencia y el TSJ consideraron probado que Matas solicitó y obtuvo los 42.111 euros con la "instrumentalización de un contrato de trabajo del donante" --el administrador del hotel Valparaíso, Miquel Ramis-- "con su esposa". "Ello fue una mera apariencia destinada a dar cobertura legal al hecho punible", recalcaban.

   Si bien la simulación del contrato obligó a ingresar el dinero en la cuenta bancaria de Areal, el solicitante de la prebenda fue Matas, que el hotelero a quien pidió las cantidades "se sintió comprometido y presionado por ser Matas presidente del Govern y otorgarle dicho cargo ascendencia y capacidad de influencia, y que el dinero entregado no era más que una dádiva" realizada en favor del entonces máximo mandatario balear, "no a su mujer".

   "La señora Areal no interviene en nada. Ni pacta, ni contrata, ni trabaja ni devenga salario alguno. Sólo recibió en su cuenta el pago acordado entre los dos señores", precisaba la Audiencia Provincial en alusión al exlíder del PP balear y al hotelero Miquel Ramis. "Nadie regaló un año de salario a la señora Areal. Ninguna empresa asume el coste de un año de un trabajador improductivo por amistad", añadía el magistrado pulverizando los argumentos esgrimidos por la defensa de Matas, quien alegaba que pidió a Ramis trabajo para su mujer porque eran "amigos" y no por ser presidente de la Comunidad.

OTRAS INVESTIGACIONES

   Además de esta condena, el que fuera ministro de Medio Ambiente bajo la presidencia de José María Aznar cumple nueve meses de cárcel por el primer juicio en el que se sentó en el banquillo dentro del caso Palma Arena.

   Matas está siendo investigado en numerosos flecos del caso Palma Arena que, dividido en un total de 27 piezas separadas, indaga a nivel global un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) y su posible conexión con el tren de vida llevado por Matas como presidente de la Comunidad balear.

   De hecho, los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de Matas con el sobrecoste de la considerada infraestructura estrella de su último mandato. Unos hechos que, no obstante, niega de forma tajante el exdirigente del PP balear, quien durante su primera declaración ante el juez José Castro justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.

   Según Matas, parte del dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como 'palacete', negando de este modo haber rehabilitado la vivienda con fondos de origen ilícito.

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