La abogada acusada de quedarse con la indemnización de más de 56.000 euros que un juzgado había otorgado a una mujer por la muerte de su esposo, trabajador de la empresa Santa Bárbara de Industrias Militares, ha negado este lunes esa acusación y ha indicado que, cuando el proceso culminó, envió un cheque nominativo por correo a la viuda.
La Fiscalía pide para la letrada, identificada como Francisca I.P., tres años de prisión y multa de 1.440 euros por la posible comisión de un delito de apropiación indebida en su modalidad agravada, dado el importe de la defraudación y su condición profesional.
Durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, la procesada, que trabajaba entonces para el sindicato UGT y que ya abandonó el ejercicio de la abogacía, ha sostenido que no se quedó con el dinero, sino que remitió el cheque a la mujer, con la que no tenía mucho contacto, y su hermano le llamó para decirle que ya había cobrado al indemnización.
De hecho, según ha apuntado, ella nunca dudó de que la viuda había cobrado el dinero porque no volvió a saber nada de ella hasta que pasaron ocho años, y fue denunciada por apropiación indebida.
La supuesta víctima ha negado que haya cobrado nada de la indemnización que le correspondía y ha explicado ante el tribunal que ella confiaba en la letrada y que dejó pasar tanto tiempo porque la propia inculpada le había dicho que aquello podía tardar muchos años en resolverse. No obstante, y sospechando de que ya había pasado demasiado tiempo, se dirigió al juzgado en 2011, donde le comunicaron que el dinero ya había sido cobrado en 2003.
También la mujer ha indicado que intentó ponerse en contacto con la abogada y ha señalado que se dirigió a su antiguo despacho, donde unas mujeres le dijeron que ella no trabajaba allí y que ya no ejercía porque "había tenido muchos problemas".
El hermano de ésta, que también ha comparecido como testigo, ha reiterado que la indemnización no ha sido cobrada y ha negado que llamara a la abogada para decirle que su hermana ya tenía el dinero. Además, ha recordado que si el cheque era nominativo debería constar así en algún sitio.
Tras la finalización de los testimonios de los testigos, la acusación particular ha pedido al presidente del tribunal la suspensión de la vista para que se practique una nueva prueba, que el banco aporte los datos que tenga de la persona que cobró la indemnización, petición que ha sido aceptada por la Fiscalía y por los magistrados de la Sección Segunda.
La vista ha sido entonces aplazada para el próximo 23 de febrero a las 10,00 horas, para que se haga esa petición a la entidad bancaria.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada actuó "llevada de la pretensión de lucrarse ilícitamente a costa del patrimonio ajeno" en el procedimiento de reclamación seguido en 2001 ante el Juzgado de lo Social número 5 de Granada, contra la empresa Santa Bárbara y la Aseguradora Musini, que finalizó con la condena firme a los demandados al pago de 56.104,21 euros a la mujer, como indemnización por la muerte de su esposo.
Sin embargo, la cantidad, que fue proveída el 20 de octubre de 2003 y recibida en un juzgado de instancia, fue incorporada por la abogada "a su peculio particular" sin haberlo reintegrado a la perjudicada, "abusando del amplísimo poder que le fue otorgada en virtud de la confianza depositada en su aparente profesionalidad".
