Las declaraciones de cinco de los 15 imputados en el llamado 'caso Marchelo', sobre supuesta corrupción urbanística en Alhendín (Granada), que estaban previstas este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe han sido aplazadas hasta el viernes.
Según han informado a Europa Press fuentes del caso, algunos de los letrados personados tenían el mismo día otros señalamientos, por lo que han instado el aplazamiento, que ha sido aceptado por la titular del Juzgado, que había citado a los imputados tras la ampliación de diligencias solicitada por la Fiscalía de Granada.
Ya el viernes está previsto que declaren el promotor Fernando R. A.; el exconcejal de Urbanismo de Alhendín Manuel Fernández (PP); el exalcalde del municipio José Guerrero (PP) y otros dos concejales de su mandato, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Su declaración se produce después de que la Audiencia de Granada revocara parcialmente, a mediados de 2012, el auto de procedimiento abreviado que dictó en su día tras las alegaciones planteadas por el Ayuntamiento de Alhendín, y ordenó que el caso volviera al Juzgado de Instrucción para que se practicaran más pruebas. Así, y a raíz de una serie de informes del Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la Fiscalía pidió nuevas diligencias, a lo que la juez accedió, citando de nuevo a cinco de los imputados.
Tendrán que comparecer únicamente sobre la ejecución de obras de desvío del Arroyo Marañón o Barranco de la Calera y la ejecución de las edificaciones en los terrenos del antiguo cauce, y en definitiva, sobre las actuaciones que, afectando al cauce público, se desarrollaron en virtud de lo previsto en el Plan Parcial S-3 de Alhendín.
Tras estas nuevas comparecencias, que suponen una ampliación de la declaración de los cinco imputados mencionados, la juez podrá dictar nuevo auto de procedimiento abreviado, que situará a los acusados a un paso de ser juzgados, y enviar el asunto a la Audiencia para que fije la fecha de la vista.
EL AUTO INICIAL DE PROCEDIMIENTO ABREVIADO
En el auto inicial, que podría ser ahora ampliado o modificado, el entonces instructor, el juez Miguel Ángel Gómez Torres, imputó a un total de 15 personas: al exalcalde del municipio, José Guerrero (PP) y a los ediles 'populares' Manuel Fernández --que en el momento de los hechos era concejal de Urbanismo--, Salvador Nogueras, María José Garrido, y el arquitecto municipal, así como a los empresarios Fernando Rafael R.A. --promotor de la urbanización Novosur-- Juan Leocadio y Fernando M.T; Alejandro A.R.; Fernando M.N.; Luis, Rafael Francisco y Mariano A.P.; Manuel M.R. y Rafael T.P.
El juez vio relevancia penal en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del exalcalde y el parque municipal-mercadillo del municipio.
En cuanto al primero, el instructor consideró que existían indicios fundados para entender que, desde septiembre de 2003, al tiempo de la constitución de la sociedad mercantil Parque Empresarial Alhendín S.L., existió el compromiso de los socios fundadores de la sociedad y del concejal de Urbanismo de que éste recibiera en el futuro una participación en la sociedad del 1,5 por ciento "a modo de comisión por su intermediación en la operación".
Con respecto a Novosur, vio también "indicios racionales suficientes" para poder afirmar que el exedil de Urbanismo pudo haber recibido "en su propio provecho" una dádiva del promotor de la urbanización Novosur, Fernando Rafael R.A., consistente en una vivienda en Armilla (Granada) valorada en 340.000 euros y que era propiedad de una sociedad que administraba el promotor. Éste fue el domicilio en el que se detuvo al ex concejal de en marzo de 2007.
Sobre las servidumbres aéreas señalaba que el exceso de altura en los bloques de la promotora Frai carecían de "trascendencia penal", si bien decidía continuar adelante en virtud de una sentencia de la Audiencia Provincial en la que no se descartaba esa relevancia.
De la gasolinera estimaba que el exalcalde se valió de su condición política para lograr que se recalificaran unos terrenos de su propiedad que había vendido por 60.000 euros más una cantidad que estaba condicionada "a la concesión de la correspondiente licencia de apertura para una estación de servicio" y en el caso del parque municipal el juez observó que se quebrantó el principio de libre concurrencia y de igualdad en el concurso público para adjudicárselo a la empresa Tarje.
