El Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva ha imputado a la presidenta del Puerto, Manuela de Paz, tras la denuncia presentada por CCOO por presunta prevaricación, malversación de fondos públicos y fraude de subvenciones, falsedad, ambiental, contra los trabajadores y contra la integridad moral.
En una providencia con fecha de ayer, a la que ha tenido acceso Efe, el juez cita a De Paz y al exdirector del Puerto, Pedro García Navarro, que también ha sido imputado, a declarar el próximo 23 de junio a partir de las 10.15 horas.
Esa misma jornada cita también en calidad de testigo a Carmen Lloret Miserachs, actual Secretaría general de Gestión del Medio Natural de la Junta y ex delegada Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, contra la que también iba dirigida la denuncia sindical.
Según la denuncia, presentada en junio de 2014, De Paz "supuestamente ha cometido delito de prevaricación por dictar a sabiendas de su injusticia una resolución arbitraria en julio de 2013".
En esta resolución se adjudicó a Sandetel la prestación de un servicio informático que prestaban los empleados de la Autoridad Portuaria por 1.134.237,85 euros, en contra del informe del Abogado del Estado, se asegura en el escrito de la Sección Estatal del Mar de CCOO.
El sindicato denunció igualmente "la supuesta comisión de delitos medioambientales en el proyecto de ampliación Sur Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que requería preceptivamente evaluaciones ambientales y evaluación Red Natura 2000".
En este caso se estarían cometiendo delitos medioambientales recogidos en el Código Penal, así como "un delito de fraude de subvenciones, ya que la obtenida a través de los fondos FEDER comunitarios de más de 120.000 euros se hizo supuestamente falseando las condiciones requeridas para su concesión y ocultando exigencias que sin duda hubieran impedido la concesión de esos fondos".
Igualmente, recogía la comision de un presunto delito de malversación de fondos públicos y una actividad supuestamente delictiva, respecto a la contratación de personal sin concurrencia ni publicidad.
Finalmente desde CCOO, al margen de las responsabilidades penales que se tendrán que dirimir los jueces, se exigen "responsabilidades políticas, ya que todos los denunciados son cargos públicos nombrados por el Gobierno de la Junta de Andalucía.
