La titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ha dictado un auto en el que imputa a nueve personas por un presunto fraude en los cursos de formación, delito que se propició por una orden de la Junta de Andalucía de 2009 reguladora de las acciones formativas, según la magistrada.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez afirma que la empresa Formación Integral para el Empleo, de José Sivianes Sánchez, recibió 5 millones de euros entre 2010 y 2012 y preparó un "entramado documental" para justificar los gastos ante la Junta y así poder recibir las subvenciones sin haber realizado, realmente, la mayoría de los gastos.
Esa práctica era posible "al amparo" del sistema que regula la orden de 23 de octubre de 2009 relativa a la formación profesional para el empleo, según la juez, que acusa a los nueve imputados de los delitos contra la Hacienda Pública, fraude de subvenciones y delito continuado de falsedad documental.
En la orden se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y ayudas, en las que se permite que, una vez concedida la subvención por la Junta, "se transfiera el 75 % del importe concedido y que el 25 % restante quede aplazado hasta la finalización de la actividad y justificación de la subvención concedida".
La Junta se limitaba, en este caso, a una comprobación formal del dinero empleado y a que las facturas cumplieran con los requisitos formales y con los criterios establecidos, "no entrando a valorar la realidad de las partidas que contemplan y las sociedades auditadas", añade la juez.
Los cursos se impartieron con un coste real del 70 % menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, según asegura la instructora, antes de añadir que gran parte del dinero defraudado se canalizó "a través de la simulación de la cesión del servicio de docencia, junto con la duplicidad en las horas facturadas que se han localizado en varios cursos de Formador Ocupacional".
El auto concluye que los cursos se impartieron en un coste real del 70 % menos de lo documentado a la Junta de Andalucía, de forma que, si el coste real de la hora de clase de un docente eran 20 euros, se facturaban a 80 euros, y además el mismo concepto se facturaba por duplicado.
La juez añade que uno de los imputados, Víctor Manuel Fernández Sanz, a través de una de sus empresas, acreditó gastos en la adquisición de material didáctico pese a que la compañía se dedicaba al comercio de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles.
Otra empresa de este imputado documentó gastos en el alquiler de mesas y sillas y en el mantenimiento de ordenadores, aunque se dedicara al comercio al por mayor de alimentos, según la juez, que resalta el hecho de que estas dos empresas no tuvieran infraestructura, instalaciones ni medios de producción.
La juez imputa al dueño de la empresa que impartía los cursos y a su esposa, al empresario que acreditaba gastos ante la Junta propiciando el fraude de las subvenciones, a un asesor y a las cinco personas que se prestaron a la simulación de la cesión del servicio de docencia.
Estas cinco personas declararon sus ingresos como empresarios sin serlo solo para evitar pagar impuestos y utilizaban una cuenta bancaria especial para devolver o reintegrar los importes ficticiamente recibidos, según la juez.
De los cinco, uno tenía al padre trabajando en el organismo pagador de las subvenciones y fue el que más dinero acumuló en la cuenta, con entradas por valor de 661.000 euros y salidas, en su mayoría en efectivo, por 553.000 euros, afirma la juez.
En el auto, la magistrada da diez días a las partes para que soliciten la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
