Antonio Díaz realizó tales afirmaciones con motivo de la puesta en conocimiento público de una reciente sentencia del magistrado-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga, en la que se desestima el recurso presentado por los ediles socialistas en relación a sus reiteradas denuncias sobre una supuesta vulneración por parte del Equipo de Gobierno del derecho de la oposición a obtener información sobre determinada documentación relacionada con la contabilidad muni- cipal.
El concejal recordó en primer lugar que en el año 2004 los concejales del Partido Socialista de Torremolinos anunciaron “a bombo y platillo” en diversos medios de comunicación una “supuesta vulneración del derecho a obtener información, conocer los expedientes administrativos y el acceso sin restricción de clase alguna a los libros de contabilidad y al Libro Mayor en función de la aprobación de la cuenta del ejercicio del año 2003, toda vez que a las distintas peticiones realizadas se les contestó por parte del Alcalde y por parte mía que toda la información se les había facilitado y, con respecto al Libro Mayor, se les informó de que el mismo no formaba parte de la documentación integrante de la Cuenta General, aunque –añadió Antonio Díaz- también tuvieron acceso al mismo, todo ello siempre con los informes técnicos que así lo confirmaban”.
El concejal señaló a continuación que, “no quedándose conforme con las distintas contestaciones ofrecidas, los concejales socialistas interpusieron demanda contra el alcalde, Pedro Fernández Montes, y contra mí mismo, ante el Juzgado Contencioso – Administrativo número 5 de Málaga”, además de, en julio de 2005, presentar ante Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos querella por los mismos hechos”, lo que dio pie a la práctica de cuantas diligencias y actuaciones se estimaron oportunas, dictándose auto el 26 de noviembre de 2007 en el que se acordaba el sobreseimiento y archivo de tales actuaciones, resolución contra la que los ediles socialistas presentaron después recurso de reforma, también desestimado en auto de 8 de febrero de 2008, tras el cual aún se produjo una apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, que acabó desestimando el mismo, poniendo con ello fin a la vía penal.
Antonio Díaz afirmó que “desde 2003, estos concejales han mantenido siempre la misma cantinela y el mismo victimismo”, y ello pese a la nueva resolución judicial, de este mismo año, en cuyo fundamento jurídico queda claro, como ha venido sosteniendo reiteradamente el Equipo de Gobierno, que “el Libro Mayor no forma parte de la Cuenta General”.
Además, el concejal de Hacienda recordó que, nos obstante, la aprobación de la misma se tramitó en legal forma, pese a lo cual en el expediente para su aprobación los recurrentes tuvieron ocasión, con ayuda de los funcionarios, de acceder a la documentación, tomar notas, hacer fotocopias, etcétera.
Asimismo, en relación al derecho de obtención de copias, Antonio Díaz informó de que “la sentencia afirma que tal derecho debe situarse en sus justos límites, teniendo en cuenta que la mención del párrafo 20 del art. 84 del ROF señala que se podrán obtener copias de documentos concretos y, por lo tanto, no será posible la petición de copias de toda la documentación. En este sentido –explicó el concejal-, la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 1995 señala en dicho artículo que la interpretación correcta del precepto debe atender a que se eviten conductas abusivas en la solicitud de copias que puedan paralizar la actividad municipal”, y recalcó que “la norma se refiere, como principio general, a documentos concretos y, salvo circunstancias muy concretas, excluye copias de todo el expediente”.
Por todo lo anterior, Antonio Díaz lamentó el “victimismo” del que hace gala la representación municipal socialista, calificando “acusaciones sin fundamento” la actitud de dichos ediles, a quienes atribuyó “muy pocas ganas de trabajar a la hora de examinar las cuentas, así como una voluntad de persecución contra el Equipo de Gobierno, ya que han intentado, tanto por lo civil como por lo penal, judicializar la función pública que desarrollan el alcalde y el concejal delegado de Hacienda, lo que nos lleva a pedirles que reconozcan el error cometido y que, en el futuro, se abstengan de estas prácticas políticas marrulleras”.
