El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva ha comenzado a colocar contadores en los pozos de las fincas de 'Matalagrana' y 'La Borrachuela', ubicadas en Almonte, en el entorno de Doñana, con el fin de controlar semanalmente la extracción del caudal del agua y corroborar los datos de estas extracciones, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
Cabe recordar que esta petición la formuló la Audiencia Provincial de Huelva el pasado mes de marzo cuando dejó sin efecto el cierre de los citados pozos de las fincas, que se había ordenado como medida cautelar por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad onubense de La Palma del Condado.
Este auto sostenía que la legalidad de la extracción de agua de los pozos considerados "presentaba numerosas dudas", sin que fuera "fácil dilucidar" si las extracciones que se realizan "carecían o no de autorización".
De ahí que expusiera que "parecía un tanto desproporcionado, teniendo en cuenta el citado contexto de falta de certidumbre, la decisión de cerrar completamente unos pozos que vienen permaneciendo activos por un prolongado plazo de tiempo sin que la Administración competente haya considerado la adopción de una medida cautelar tan drástica".
Precisamente la Audiencia ordenó la puesta en marcha de estos contadores con el fin de que "no se extraiga más agua" de la que permita el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal, aprobado por la Junta de Andalucía.
Esta decisión se produjo después de que el pasado 9 de marzo se celebrase en la Sección Tercera la vista del recurso de apelación que presentaron en diciembre 16 agricultores de las citadas fincas contra la orden judicial que ordenaba el cierre cautelar de los pozos para el riego, cuyas defensas pidieron la nulidad de la misma.
Por su parte, la Fiscalía mantuvo su postura y sostuvo la importancia del cierre cautelar de los pozos mientras no haya una autorización de la administración competente, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que lo autorice.
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
Hay que recordar que esta resolución judicial se producía después de que la Fiscalía General de Estado ordenase el cierre "cautelar e inmediato" de pozos de riego en la citada finca, una orden judicial que supuso la clausura de los 13 pozos con los que se riegan los cultivos en 'Matalagrana', concretamente.
En aquel momento estos agricultores valoraron el fallo de la Audiencia porque se evita así, a juicio de este colectivo, "el cese de una actividad esencial para el desarrollo económico y social de la comarca", indicando además que, tras esa decisión judicial, podrán continuar con sus explotaciones de agricultura ecológica e integrada durante la instrucción del proceso, eso sí "bajo un estricto control administrativo".
