Las familias que residen en la zona de la urbanización Cármenes del Mar, en La Herradura (Granada), afectada por deslizamientos han mostrado su rechazo a los expedientes de ruina que ha abierto el Ayuntamiento de Almuñécar sobre sus viviendas y acusan a la Junta de "abandonarles a su suerte".
Los afectados han informado en un comunicado de que "se están entregando a los vecinos declaraciones de ruina y en breve acudirá la Policía a desalojar a decenas de familias, con el único fin de exonerar a la administración de posibles daños derivados de un posible colapso de la ladera" donde se asienta la urbanización.
Los vecinos lamentan que, "tras arrancar a la Subdelegación del Gobierno un compromiso para promover una mesa de trabajo en la que estuvieran presentes todas las administraciones", la Junta haya "decidido mirar para otro lado y declararse incompetente para atender una situación de emergencia social y de seguridad ciudadana".
Las viviendas están afectadas como consecuencia de las falta de estabilización de la ladera y los defectos constructivos de la urbanización, y, aunque las acciones judiciales han señalado como responsables a los demandados y acordado las obras de estabilización en ejecución subsidiaria que deben de ser acometidas por la administración, "ni el Ayuntamiento, ni la Junta ni el Gobierno deciden aceptar sus responsabilidades", censuran los afectados.
Reclaman de hecho responsabilidades de la actual situación al Gobierno andaluz "al haber permitido el desarrollo urbanístico de la zona existiendo informes geotécnicos que lo desaconsejaban".
"Tenemos una sentencia a favor y unas medidas cautelares decretadas por un juez para mantener en pie nuestras casas, y en lugar de aplicarlas, la Junta prefiere declarar nuestras casas en ruina, una última encerrona que esconde una falta de actuación responsable del Ayuntamiento de Almuñécar y del Gobierno andaluz", ha indicado un portavoz vecinal, Ignacio Martín.
Los afectados censuran que ni el Ayuntamiento ni la Junta se haya puesto en contacto con ellos con el fin de informarles de dónde van a ser realojados y algunos de ellos no descartan trasladarse al Parlamento andaluz y "permanecer allí hasta que les escuchen y se ratifique un compromiso de ejecución subsidaria obligado por ley".
El Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada aceptó antes de verano el aval presentado por los vecinos de Cármenes del Mar como caución suficiente a fin de que se ejecuten las medidas cautelares que había decretado la propia titular del juzgado.
El objetivo de estas medidas, que tendrán un coste aproximado de 4,5 millones de euros, es asegurar la zona en la que se encuentran las viviendas para que no continúen deteriorándose.
Este mismo juzgado falló el pasado noviembre a favor de los vecinos de Cármenes del Mar y condenó de forma solidaria a todos los acusados a la reparación de la urbanización y las suburbanizaciones interiores según su intervención en las mismas.
De esta manera, decretaba que debían ser los propios demandados quienes deben correr a cargo de todos los costes de las obras, incluyendo los derivados de informes periciales u otros requeridos por el proceso.
