El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha asegurado hoy que el Ejecutivo central tratará de paliar los daños socioeconómicos derivados de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha prohibido la comercialización del cangrejo rojo, uno de los pilares económicos del Bajo Guadalquivir.
"Sabemos lo que supone esta sentencia, el Gobierno está estudiando lo que representa y queremos mostrar nuestro apoyo al sector", ha señalado Sanz, a preguntas de los periodistas.
Ha añadido que los técnicos del Ejecutivo central trabajan "en apoyar al sector" y en que las consecuencias de la sentencia "sean las mínimas".
"Estudiaremos entre todos si hay que hacer cambios normativos o mejorar la regulación, pero sin que afecte a lo que representa un modo de vida de una parte importante de población de la zona", ha dicho Sanz.
El delegado del Gobierno ha reiterado que la sentencia es de obligado cumplimiento pero ha matizado que los técnicos estudiarán las modificaciones normativas para que la afección de este fallo judicial "sea la mínima posible".
La Junta de Andalucía, los principales partidos políticos, productores y vecinos de municipios del Bajo Guadalquivir donde se pesca y comercializa el cangrejo rojo americano se han movilizado para defender esta actividad, que genera más de 150.0000 jornales y una facturación de unos 20 millones de euros anuales tras el fallo del Tribunal Supremo que ha prohibido la comercialización de este crustáceo, tipificado como especie exótica invasora.
