El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha condenado a la presidenta de Parque Animal de la localidad malagueña de Torremolinos a la pena de tres años y nueve meses de prisión y multa de 19.800 euros por los delitos continuados de maltrato animal, falsedad e intrusismo profesional, por el sacrificio "masivo" e "indiscriminado" de perros y gatos.
No considera probado que la acusada firmara recetas a nombre de los veterinarios ni tampoco certificados de eutanasia ni que los expidiese de su puño y letraLa sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que la acusada era quien "impartía las instrucciones y ejecutaba materialmente los hechos" con la colaboración de un trabajador, que también ha sido condenado por maltrato e intrusismo profesional a un año de cárcel y multa; realizando los sacrificios desde principios de 2008 y al menos hasta octubre de 2010.
Así, en la resolución, que se puede recurrir ante la Audiencia, se indica, tal y como mantenían las acusaciones, que los sacrificios se realizaban "sin control alguno veterinario", inyectando la acusada "sin previa sedación y por vía intramuscular, los productos eutanásicos" y suministrándoles "menor dosis del medicamento de la que está indicada para producir una muerte indolora".
Esto, unido al empleo de una vía "inadecuada", daba generalmente "una muerte lenta y con dolorosa y prolongada agonía", provocando, dice el juez, "unos padecimientos totalmente injustificados antes de morir". "Los sacrificios no atendían a ningún criterio por la edad o estado de salud del animal o porque hubiesen transcurrido más de diez días desde que fueran albergados", señala la sentencia.
La resolución señala que aunque "indeterminado", el número de perros y gatos sacrificados en dicho periodo por el procedimiento descrito "ha sido masivo" y tenían una finalidad "lucrativa, pues de esta manera las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir nuevos, cobrando una aportación" por cada animal del que se hacían cargo.
No considera probado que la acusada firmara recetas a nombre de los veterinarios ni tampoco certificados de eutanasia ni que los expidiese de su puño y letra; pero sí que "presentaba unos listados de animales, junto con la factura por su incineración" para que el Ayuntamiento las abonara, listados que "manipuló" para incluir la intervención de veterinarios "que nunca la habían tenido".
Así, por el delito continuado de maltrato de animal doméstico se le impone a la acusada la pena de un año de prisión e inhabilitación para profesión relacionada con animales durante tres años; por el de intrusismo profesional, una multa de 10.800 euros; y por el de falsedad, dos años y nueve meses de prisión y multa de 9.000 euros. Además, deberá indemnizar a varias personas que dejaron animales con cien euros a cada uno.
