El Ayuntamiento de Rota aprobaba por unanimidad de todos los partidos que forman el arco municipal en la sesión de pleno celebrada durante la tarde de ayer la moción presentada por el Grupo Socialista, para instar al Gobierno de España para que permita a las entidades locales revertir el superávit presupuestario en 2017 en el municipio, en forma de inversiones o políticas sociales, en vez de destinarlo, como está obligado actualmente a amortizar deudas históricas.
La citada moción pide al Gobierno revertir el superávit, sin necesidad de generar nuevos ingresos por el mismo importe, a través de una autorización legal para esa reinversión que surja de la prórroga presupuestaria de los PGE.
De esta forma, a instancias del PSOE de Rota, se exige al Gobierno Central una mayor flexibilidad a la administración local, que redunde en mayor prestación de servicios y mayor empleabilidad para la localidad.
La moción viene como consecuencia directa del paquete de medidas que el Gobierno de la Nación ha impuesto desde 2012 a los Ayuntamientos, una política que se han cebado con los Ayuntamientos con una ataque frontal a la autonomía local, intentando quitarles competencias para que no prestaran servicios que daban a los ciudadanos; limitaciones a la contratación de personal; y una obligatoriedad de amortizar toda la deuda de Ayuntamientos, muchas de ellas de muchos años, en el plazo de diez años, y además en el caso de que los presupuestos se cierren con superávit no se puede destinar a inversiones ni a gastos sociales, sino que tiene que ir se tiene que usar para amortizar la deuda pendiente.
La moción presentada por el PSOE incide en la obligación que el Gobierno Central impone a los Ayuntamientos para amortizar la deuda. En el caso de Rota, el actual equipo de Gobierno ha tenido que abonar en préstamos bancarios de 4.991.765 euros en 2016; en 2017 tendrá que abonar 5.427.683 euros; en 2018, 5.550.219; en 2019, 5.268.000 euros; y en 2020, 5.223.000 euros. Unas cantidades de deudas históricas del Ayuntamiento que difícilmente pueden asumir las arcas municipales.
Si el presupuesto cierra con superávit como ocurrió en 2014, con 600.000 euros, en 2015, con 70.000 euros, o se espera en 2016, esas cantidades de dinero del ahorro que ha conseguido el Ayuntamiento no se pueden invertir, sino que se tienen que usar para amortizar la deuda.
Esta obligación, merma la capacidad económica del Ayuntamiento que no puede realizar todas las inversiones o gastos sociales necesarios en estos momentos.
Por ello, la moción pide al Gobierno Central que al menos no exijan que el superávit se invierta en reducir la deuda de los Ayuntamientos, que han sido los que más han contribuido al cumplimiento de los objetivos del déficit de la Unión Europea, y que por tanto, permitan que este dinero pueda ser revertido al municipio para que redunde en su economía y en empleo.
