El concejal de Urbanismo, Miguel Alconchel, ha destacado este mediodía que el departamento de Disciplina Urbanística que puso en marcha este equipo de gobierno “funciona y hace bien su trabajo, el claro ejemplo es el caso de la retirada de la estructura de madera del porche del familiar de la edil Isabel Calvente”.
Alconchel ha apuntado que “este equipo de gobierno aplica la ley y no admite ningún trato de favor; la prueba es que se ha retirado la estructura de madera de este porche, otros mientras gobernaban y que ahora se dan golpes en el pecho no pueden decir los mismo. Es una barbaridad criticar e insultar cuando ni siquiera se había terminado el procedimiento. Eso denota el desconocimiento de la ley de algunos. Pedimos un poco de seriedad a esos portavoces que cobran 18.000 euros para hacer bien su trabajo”.
El edil de Urbanismo ha apuntado que “este caso en particular ha sido instrumentalizado políticamente por varios partidos de la oposición, como siempre su objetivo ha sido intentar desprestigiar la figura de Isabel Calvente. Pero no solo no lo han conseguido, sino que este equipo de gobierno ha actuado siempre con honestidad y la prueba es que con la decisión de la retirada de la estructura del porche hemos dado otro ejemplo más de la arbitrariedad urbanística con que actúa el equipo de gobierno”.
En cuanto a la campaña de “caza de brujas” contra Isabel Calvente, “no podemos consentir que sigan insultando y amedrentando a este equipo de gobierno con este tipo de acusaciones. Ya está bien de que los grupos de la oposición sean las víctimas y nosotros los malos de la película. El respeto es algo que tiene que ser mutuo, pero como se ha demostrado en varias ocasiones hay ciertas personas que no entienden esta palabra y creen que tienen licencia para manchar la imagen de una concejal. Todo procedimiento tiene sus plazos y correspondientes alegaciones, aunque a algunos no les guste”.
Por último, Alconchel ha recordado que “actualmente cerca de 200 ciudadanos barreños tienen expedientes abiertos de disciplina urbanística; a los que se les respeta el mínimo derecho de alegación y de presunción de inocencia. Y no hay que olvidar que fue precisamente este equipo de gobierno el que creó el Departamento de Disciplina Urbanística cuando llegamos al gobierno municipal en 2011, precisamente para regularizar todos los desmanes que había permitido los sucesivos gobiernos socialistas anteriores. Aunque a algunos eso de hacer memoria, no les interesa”, concluye.
Más de dos años
El caso del porche de la residencia de la concejala se ha prolongado durante más de dos años. La denuncia efectuada por la Policía Local se produjo el 16 de septiembre de 2014 por una supuesta infracción de las ordenanzas fiscales y la legislación vigente en materia de disciplina urbanística por levantar en el patio delantero de su vivienda “una estructura de pérgolas de madera con cubierta”, sin solicitar la correspondiente licencia.
A raíz de dicha denuncia, el arquitecto municipal emitió un informe, firmado el 7 de noviembre de 2014, en el que ratifica otro informe anterior redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo y en el que deja claro que la construcción llevada a cabo en el porche del domicilio de la edil andalucista no cumple con la normativa. Ello motivó una propuesta de resolución del jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, de fecha 11 de noviembre de 2014, en la que se considera como no legalizable la obra. Romero asumió dicha propuesta mediante un decreto firmado dos días más tarde, ordenando la demolición inmediata de la misma.
El 27 de noviembre de 2014 Calvente solicitó una ampliación del plazo para entregar la documentación que justificase la obra y que responsabilizaba a su marido, como propietario. En marzo de 2015 el cónyuge de la concejala andalucista presentó el proyecto de la obra revisado por un arquitecto colegiado, a fin de intentar obtener su legalización.
Sin embargo, el 27 de abril de 2015, ante los informes desfavorables de los técnicos, la Junta de Gobierno Local, presidida por Romero, denegó el permiso para el mantenimiento del porche techado en el patio delantero de la casa de la concejal.
El 20 de mayo el alcalde firmó un nuevo decreto en el que se ordenó “la reposición de la realidad física alterada”, en un plazo no superior a dos meses, y se advierte de la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento.
En junio de 2016 el PSOE de Los Barrios llevó el caso a Fiscalía alegando un posible trato de favor a la concejala por este asunto, ya que el Consistorio no impuso ninguna de las posibles multas ya que el caso estaba pendiente del estudio de un recurso de reposición del propietario.
