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San Fernando

La OMIC asesora e informa a los perjudicados por las cláusulas suelo

El Ayuntamiento de San Fernando pone en marcha dicho servicio tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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El Ayuntamiento, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en relación a las cláusulas de suelo de los préstamos hipotecarios -tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016 y posterior publicación en el BOE del Real Decreto 1/2007, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección a los consumidores en materia de cláusula de suelo- está prestando asesoramiento e informando a los ciudadanos que acuden a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

Tal y como explica el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, desde la OMIC se está informando a los ciudadanos que acuden a este servicio municipal de los detalles del Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo indebidas, desviándoles en su caso a las asociaciones de atención al consumidor.

Rodríguez recuerda que este Real Decreto incluye una batería de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas de suelo indebidas. De esta forma, se establece un cauce extrajudicial para resolver “de forma sencilla, rápida y gratuita” las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales. Así, el trámite será gratuito para el consumidor y  las entidades tendrán tres meses para resolver las reclamaciones; mientras que una comisión de seguimiento vigilará el proceso, poniendo especial atención en las personas más vulnerables.

Datos de la OMIC

Ya en líneas generales, la OMIC atendió en 2016 un total de 3.456 consultas de usuarios, un 10,90 por ciento menos que en 2015 cuando se contabilizaron 3.781 consultas. Las reclamaciones tramitadas han experimentado, sin embargo, un leve crecimiento de un año a otro (1,97 por ciento), registrándose el año pasado 776 reclamaciones frente a las 762 del ejercicio de 2015.

Los seis sectores más consultados fueron los siguientes: telecomunicaciones (telefonía fija, móvil e internet)  con 1.847 consultas registradas, alcanzando el 53,44 por ciento del total; suministro eléctrico, 165 consultas; seguros, 161; bancos, 133, y vehículos, 111 consultas. El resto de actividades no superan las 100 consultas. En cuanto a las reclamaciones, también el sector de las telecomunicaciones fue el que más expedientes se tramitaron (457), seguido de suministro eléctrico (37), seguros (25), electrodomésticos (24) y transportes (23).

Las principales consultas y reclamaciones presentadas en el sector de las telecomunicaciones estuvieron motivadas principalmente por el incumplimiento de las ofertas comerciales y la disconformidad en la facturación.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor ha señalado como una novedad que el sector del suministro eléctrico ocupó el segundo lugar, puesto que obedece a dos causas fundamentales, por un lado, a la negativa a responder por daños causados con motivo de subidas de tensión y problemas en el cambio de comercializadora, y por otro, por los problemas que aparecen al cambiar de comercializadora, ya que en muchos casos los consumidores no son conscientes de que están cambiando de compañía cuando los comerciales acuden a los domicilios ofreciendo descuentos que igualmente no se cumplen.

Respecto a la Junta Arbitral de Consumo señalar que en 2016 se tramitaron 38 expedientes, 15 más que en 2015. Por sectores la distribución quedó de la siguiente manera: telecomunicaciones, 32 expedientes; correos, artículos del hogar, calzado, muebles, juguetes y seguridad privada, un expediente por cada sector.

El concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha destacado la importancia de la Junta Arbitral Municipal de Consumo en las reclamaciones comerciales entre los comerciantes y los consumidores, ya que se trata de un servicio municipal totalmente gratuito para ambas partes que tiene como finalidad atender y resolver las controversias que puedan surgir, evitando que las partes tengan que acudir a los tribunales.

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