Un total de 180 entidades sociales han firmado un escrito, que presentarán este miércoles ante el Ministerio de Interior, para exigir el cierre "inmediato" del Centro de Internamiento para Personas Extranjeras (CIE) de Algeciras.
Además, el texto será remitido a los grupos parlamentarios y ante instancias nacionales e internacionales con competencia en la defensa de los Derechos Humanos.
El documento está firmado por entidades como Asociación KARIBU, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Caravana Abriendo Fronteras, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CP San Carlos Borromeo, Red Acoge o SOS Racismo, entre otras.
Los impulsores de esta iniciativa aseguran que el CIE de Algeciras es una antigua prisión que se clausuró en el año 2000 por "no resultar habitable", y afirman que esas condiciones han sido denunciadas por el Defensor del Pueblo y que todos los grupos parlamentarios del Senado, a excepción del Grupo Popular, "han solicitado su cierre".
En la actualidad, según apuntan las entidades, sus "deplorables" instalaciones vuelven a utilizarse para encerrar hombres, después de mantenerse "un tiempo abierto para privar de libertad a mujeres, mayoritariamente subsaharianas, en situaciones de vulnerabilidad".
Según aseguran, el Juzgado de control de estancia del CIE de Algeciras, en su resolución del 12 de diciembre de 2016, destacó que las instalaciones del centro era "más propias de un régimen carcelario y penitenciario". Asimismo, recalcan que el Sindicato Unificado de Policía ha denunciado "reiteradamente" las condiciones "inadecuadas" del centro.
Además, las entidades sociales apuntan que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura dependiente de la Oficina del Defensor del Pueblo, en su Informe 2016, hacía constar que en el CIE de Algeciras la dependencia destinada a sala de ocio de mujeres "no estaba dotada para el fin que debe cumplir", o que el patio de mujeres "no reunía las condiciones mínimas para ser llamado patio".
Por todo ello, las organizaciones firmantes instan a las instituciones y agentes encargados a velar por la legalidad y el respeto de los derechos, para que en el ámbito de sus competencias "se opongan a la privación de libertad" de personas migrantes en el CIE de Algeciras y "promuevan su clausura".
Asimismo, exigen al Gobierno "el cierre inmediato e incondicional" del CIE por "violar los Derechos Humanos", "comprometer la dignidad moral" de la sociedad, y "representar la barbarie".
