La Policía Nacional ha detenido en Granada a una mujer de 43 años a la que se le atribuye la presunta autoría de la simulación de unos daños en la persiana de su comercio con la supuesta intención de cobrar de la compañía aseguradora el importe de la reparación.
La detenida, que no tenía antecedentes policiales, habría indicado que estos daños los habrían realizado personas desconocidas, cuando dio parte a su compañía aseguradora, si bien las pesquisas realizadas han determinado que eran consecuencia del "desgaste" propio del uso de la persiana, ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
Esta mujer se personó a finales del pasado mes de septiembre en la comisaría del Distrito Centro de Granada capital para denunciar que había encontrado la persiana metálica de un establecimiento ubicada en esta zona de la ciudad "parcialmente levantada y como consecuencia de esto resultaron dañados tanto la persiana como su motor".
Iniciadas las investigaciones y tras ciertas comprobaciones, los policías pudieron determinar que los daños denunciados no se habían producido en el período de tiempo manifestado en la denuncia y que no se debían a ningún hecho delictivo, sino que se correspondían con el propio uso de la misma. Además comprobaron que la señora había presentado la denuncia a su compañía aseguradora para que se hiciera cargo del importe de la reparación.
Comprobados indicios de falsedad en los hechos motivadores de la denuncia presentada, los agentes detuvieron a dicha mujer y pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial.
Según ha agregado la Policía Nacional, estas conductas suponen una "distracción" de las funciones de prevención y persecución del delito que tiene encomendadas este cuerpo de seguridad, además de un "perjuicio" para la sociedad, yendo "en detrimento de las verdaderas victimas de hechos delictivos".
Debido al incremento en los últimos años de estos ilícitos penales, la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental ha establecido un protocolo para reclamar los gastos ocasionados por los simuladores de hechos delictivos, que de media están alcanzando de 200 a 1.000 euros y que, cuando la autoridad judicial lo estima ajustado a derecho, son reclamados a los autores de estos hechos.
