Parece ser el verdadero objetivo de cierta organización madrileña expandida por todo el Estado a base de revistas, llamada de consumidores. Organización cuyo “pecado menor” a la vista de los generales o territorialmente extendidos, es menospreciar Andalucía. Desde exigir medidas mínimas para los boquerones, que imposibilitarían su pesca en el Mediterráneo y el Golfo de Cádiz, hasta nombrar a Getafe “cuna de la aviación”, ignorando, y no por ignorancia, el avanzado protagonismo de la Hispano Aviación, primera y única fábrica de aviones con patente propia, hasta que el General Franco decidió cerrarla para convertir en fabricante a CASA, que hasta entonces se había limitado a mantenimiento, con la técnica y los técnicos de la Hispano.
Lamentable hasta qué punto está incrustado el sentimiento centralista, no sólo en las Administraciones y el Gobierno, sino también -y lo más grave- en la gente, en medios de comunicación y en organizaciones como la receptora de este comentario crítico.
Lo que viene es peor, siendo gravísimo lo anterior, en tanto es un ataque a la economía de todo el Estado. Un cínico y solapado empuje a la burbuja del alquiler. Que se llame “idealista” quien aconseja precios imposibles para la mayoría, es propio de un sistema podrido. Que un responsable de una inmobiliaria califique “bien” a 1.200 euros por 82m2, agrava considerablemente el problema y evidencia su rapacidad y su voracidad, movidas por el egoísmo de obtener más beneficio. Pero que una pretendida asociación de consumidores busque ventajas para los arrendadores y olvide a los arrendatarios; que se preocupe por el beneficio del propietario, sin preocuparle dejar en la calle a miles de familias, o que aconseje vivir en una habitación -como si fueran una de las “agentes sociales” del Ayuntamiento de Sevilla-; que obliguen a la gente a acudir a Cáritas o a hermandades para llenar los bolsillos de los propietarios, o permitir que suban los precios, para beneficiarse de las ayudas al inquilino, sólo merece un calificativo: de vergüenza.
Para empezar, parece que la voracidad recaudatoria sólo afecta a las clases bajas. Las “SOCIMI”, que se están haciendo con el parque de viviendas en alquiler y aumentan los sesenta mil desahucios anuales, no pagan impuesto de sociedades. Por lo visto, para el Gobierno echar gente a la calle es más importante que la creación de empleo. En España faltan más de 1.600.000 viviendas sociales; en Andalucía faltan casi quinientas mil, mientras hay más de quinientas mil vacías y se sigue financiando a las constructoras para que hagan más pisos inalcanzables. Se pregona la “necesidad” de contentarse con el alquiler, mientras se hace trashumante al arrendatario y se le impide vivir con continuas subidas.
Fomentar y proteger la especulación, se puede ver, es autoimpuesta tarea de la Administración y de ciertas entidades obligadas por su naturaleza a proteger al ciudadano. Todo el “esfuerzo” del Gobierno para cumplir el mandato constitucional, es participar en la promoción de vivienda pública con un ridículo 2%. ¿Será parte de su empeño por hacernos añorar al funesto General? Lo parece.
