Málaga es ya la cuarta ciudad en precio más alto de alquiler de vivienda, en buena parte motivada porque desde 2014 a 2017 han aumentado en un 1.200% los apartamentos turísticos, casi todos alrededor del centro, con el consiguiente vaciamiento de residentes. De todas las plazas en apartamentos, unas 7.000 plazas (sobre un total de 20.000) son ilegales, y la mayoría ni siquiera se adaptan al PGOU de la ciudad, pues ha quedado acreditado su uso terciario y actividad económica. El OMAU, basándose en parámetros físicos, sociales y ecológicos, incluso habla de “excesiva masificación”, “falta de calidad” y saturación de “la capacidad de carga turística”. Es más, el mismo organismo incide en que “las zonas más vulnerables socialmente” son las más afectadas por el aumento de usos turísticos, puesto que la ocupación no tiene lugar en las principales arterias, como calle Larios y plaza de la Constitución, sino precisamente alrededor de ellas.
Son datos extraídos del informe ‘Aproximación a las intensidades del uso turístico en Málaga. Proyecto Alter Eco de Turismo Sostenible’, emitido recientemente por el OMAU. A pesar de la gravedad de los datos, “Málaga es la única ciudad en esta situación que no ha tomado ninguna medida”. Así lo ha declarado en rueda de prensa Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, que recordó que su grupo ya presentó una moción al pleno de febrero, en cuanto tuvo noticia de los primeros datos, y que fue rechazada en varios de sus acuerdos. Torralbo incidió “en que no basta con titulares si luego se rechazan las medidas concretas o las que se aprueban no se ejecutan y de ese modo ni se frena la expulsión de residentes ni el encarecimiento de la vivienda”.
La moción que su grupo defenderá mañana en el pleno municipal recoge varias medidas, algunas ya presentadas y aprobadas en febrero. En primer lugar, Málaga Ahora reclamará la regulación necesaria para incorporar la zonificación propuesta por el informe y poner límites y establecer moratorias por zonas según los índices de densidad. Igualmente exigirá que el Ayuntamiento cumpla los artículos del PGOU actual sobre restricción de hospedaje en edificios residenciales y en planta altas, sistemáticamente incumplidos, según el OMAU.
Otras medidas recogidas por la moción pasan por la creación de un observatorio municipal de la vivienda, ante la falta de datos oficiales, la colaboración de la Junta para que no se registren viviendas de uso turístico que incumplan el PGOU, la posibilidad de crear tasas específicas o instar al nuevo gobierno central para reformar la Ley de Propiedad Horizontal de manera que las comunidades de vecinos puedan impedir los apartamentos turísticos sin el requisito de la unanimidad en la votación.
Renta municipal para las víctimas de violencia machista
Por otro lado, Málaga Ahora presentará una moción encaminada a la autonomía económica de las mujeres víctimas de la violencia machista, después de que haya trascendido que en 2017 se registraron 166.620 denuncias por violencia machista, un 16,4% más que el año anterior y la cifra más alta desde que se contabilizan. Según Rosa Galindo, también concejala de Málaga Ahora “no bastan los gestos simbólicos si no se acompañan de políticas reales, y desde el ámbito municipal son posibles”. Ha señalado, entre otros puntos, la creación de cursos formativos y remunerados a cargo del IMFE para mujeres víctimas de violencia machista, el aumento de recursos para los pisos tutelados, distintivos de calidad para empresas que favorezcan la inserción, como también la creación de un galardón anual que reconozca a una entidad o persona por su lucha contra la violencia machista. La moción incluso pide una renta municipal para estas mujeres, “indispensable para que puedan escapar de la prisión de los malos tratos”, en palabras de Galindo.
Por último, Málaga Ahora presentará otra moción parque que se paralice la construcción de un hotel en El Bulto, justo en la parcela donde fueron fusilados Torrijos y sus correligionarios y que colinda con varios bloques de viviendas entre las calles Jacinto Verdaguer y Lebrija, según ha relatado Isabel Jiménez, portavoz adjunta del grupo.
