Desde Podemos Chiclana ponen de manifiesto el riesgo de pérdidas de viviendas en el parque público, a raíz de la propuesta en el Pleno de enero de la inversión de 1´5 millones para la construcción de 18 VPO. Desde Podemos tildan esta inversión de “insuficiente” ya que “a lo largo de este año el parque público de vivienda ha disminuido en torno a medio centenar de viviendas”, por lo que para ellos “entramos en una situación de “difícil sostenibilidad en una localidad donde la necesidad de vivienda por parte de la ciudadanía es alta”.
Según Jorge Guerrero, Coordinador de Podemos Chiclana, a lo largo de esta legislatura “hemos visto como se le daba la opción a inquilinos, por ley, de comprar la vivienda pública en la que residían, esto hacía en por ejemplo Santa Ana un total de 200”, puntualiza que “sí es cierto que no todos van a acceder y continuarán con el alquiler, pero aún así es una muestra de que, en balance, esas 18 son insuficientes”. Según Jorge Guerrero, la cantidad de “vivienda pública perdida rondaría en torno las 50, así el cálculo es muy sencillo”.
Para Podemos esto es un problema ya que en Chiclana la cantidad de demandantes de vivienda es muy alta, “con gente que está en lista de espera desde hace casi una década”. Igualmente indican que “es cierto que la situación de cada uno de los demandantes es muy diversa, pero no deja de ser muy evidente para la ciudadanía que una lista de espera con esos plazos es absurda, así como que en nuestra localidad hay un problema de ocupación de viviendas que de alguna manera sirve para ocultar el problema”.
De esta forma alertan sobre la “inactividad del equipo de gobierno” al respecto “ya que desde EMSISA no se encuentra la forma de atajar el problema”. Ponen en valor que se han desarrollado medidas de apoyo al alquiler, así como “un programa de ayuda pública que trata de asegurar el acceso a vivienda haciendo al Ayuntamiento como avalista en casos de necesidad”. De la misma manera hacen la crítica ya que entienden que “según los resultados la medida se ha mostrado tremendamente ineficaz, al no haber convencido a los propietarios para confiar en el programa”. Entienden que esto tiene una doble lectura, por un lado “que la medida no ha sido lo suficientemente trabajada para que tenga le alcance deseado” por otro lado, “que quizás la confianza de la ciudadanía en el Ayuntamiento como pagador es baja”.
Guerrero indica que esta situación es “muy compleja” ya que responde también a la tendencia de los propietarios de “arrendar sus casas en época estival, donde el beneficio que se obtiene en poco tiempo de explotación es muy alto”. Explica que “así se obtiene una situación multifactorial que dificulta mucho la vida a la gente que no dispone de una capacidad económica suficiente para afrontar este tipo de escenarios”.
Para ello proponen “la elaboración de más vivienda pública por parte de las instituciones, bien gestionadas para dar respuesta a la demanda existente”, algo que según indican “se puede lograr con la creación de estructuras de gestión cooperativista que generen empleo y solución a la alternativa habitacional”, igualmente ven necesario el control público de la “economía sumergida que se desarrolla en lo relativo al turismo” por una cuestión de “adaptación de recursos públicos y de justicia social”.
