La Abogacía del Estado procederá a este requerimiento después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya indicado al Gobierno que Beitialarrangoitia está inhabilitada para ejercer un cargo público, en este caso concreto para ser alcaldesa de la corporación, tras la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 5 de junio.
El ministro de Justicia ha asegurado que la Abogacía del Estado adoptaría las medidas legales oportunas ante esa situación.
