La Junta de Gobierno Local de Sevilla ha aprobado este viernes, por iniciativa del Área de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, los pliegos y, por tanto, la licitación pública del servicio técnico para la exhumación e identificación genética de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja, sita en el Cementerio de San Fernando, donde se encontrarían enterrados 1.103 represaliados de la guerra civil española y años posteriores de la dictadura franquista, según apuntan los historiadores.
La licitación se realiza por importe de 1,2 millones en cuatro anualidades y garantiza el inicio de los trabajos y su final, "dado el compromiso adquirido por este gobierno con las familias de las víctimas", según ha comentado la delegada del ramo, Adela Castaño. Esto se hace con independencia de que la Diputación de Sevilla y la Junta de Andalucía contribuyan a su financiación "como se comprometieron" al quedar pendiente la firma del convenio, y de que la Administración central se sume al proyecto, "tal y como anunció".
La empresa que resulte adjudicataria habrá de incluir como mínimo en su equipo un historiador, cinco profesionales de Antropología Forense y Física, cinco de Arqueología y diez trabajadores auxiliares de apoyo. Con las máximas garantías de rigor científico, ejecutará prospecciones, recogidas en superficie, excavaciones en la fosa, exhumaciones y recuperaciones de cuerpos y restos.
Asimismo, deberá preservar y custodiar, también con todas las garantías científicas, las muestras de restos óseos y muestras biológicas tomadas a los familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para su identificación genética.
El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados, la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados; exhumación, con la identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto; antropología forense, fijando sexo, edad, patologías o anomalías; análisis antropológico de manera en laboratorio; además de conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN.
La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista, mientras que la última fase será el destino final de los restos.
Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro.
Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de esta fosa. La adjudicataria, asimismo, deberá presentar una propuesta para la reconstrucción del enclave actual que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.
Castaño ha abundado en que el fin último de esta exhumación e identificación de los cuerpos es "dignificar la memoria de las personas que fueron arrojadas allí en la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista, darles un entierro digno y atender las peticiones de sus familiares".
La delegada, por último, ha considerado que se da "un paso histórico en materia de Memoria Histórica tanto en la ciudad de Sevilla como en el resto de Andalucía y España, por las dimensiones y el número tan elevado de cuerpos de represaliados depositados en la fosa común Pico Reja", y ha agradecido la espera de las familias y el trabajo de las asociaciones y entidades memorialistas.
