El juicio a los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Alfonso, Pablo, Francisco Javier y Álvaro), que ha empezado este lunes en Palma, ha quedado suspendido hasta este martes, en el que darán comienzo, probablemente, las declaraciones de los acusados.
En el juicio, en el que también están acusados un primo de los Ruiz-Mateos y un testaferro, se investiga una presunta estafa agravada en la compra del hotel Eurocalas de Mallorca. Ha comenzado sobre las 10.00 horas y se han fijado sesiones hasta el 14 de septiembre. Por estos hechos, el fiscal pide seis años de cárcel y una multa de 54.750 euros para cada uno de los acusados.
Durante la primera sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, el abogado defensor de los Ruiz-Mateos, Juan Manuel García-Gallardo, ha pedido la nulidad de la constitución del tribunal del juicio --presidido por Diego Gómez Reino-- y que se retrotraigan las actuaciones hasta que no formen parte del mismo los magistrados que firmaron un auto de 12 de febrero de 2018. El tribunal ha desestimado la petición por "extemporánea" y porque, según Gómez-Reino, revierte "mala fe". También ha explicado que la cuestión ya está resuelta y que es un asunto a revisar mediante un recurso de casación.
Asimismo, la Fiscalía ha renunciado a un testigo, cuya declaración causaba controversia en la defensa, y por lo cual también se había pedido la nulidad por parte de la defensa.
PIDEN LA BÚSQUEDA Y CAPTURA DE UNO DE LOS ACUSADOS
Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado la declaración de rebeldía para uno de los acusados, el testaferro, que no ha acudido al juicio. Esto ha quedado anotado por la Sala para pedir la orden de búsqueda y captura a la Policía y a la Interpol.
Cabe recordar que en octubre de 2018, el Tribunal Supremo condenó a los seis hermanos a dos años y medio de prisión por otra estafa agravada, en relación a la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria). En este caso, el fiscal Ramón Vázquez acusa a los Ruiz-Mateos de haber aparentado "una solvencia en realidad inexistente" cuando eran directivos de Nueva Rumasa para obtener participaciones en la sociedad propietaria del hotel Eurocalas, ubicado en Calas de Mallorca.
Según la Fiscalía, los acusados "presentaron garantías y avales personales que eran inveraces" y con ello "indujeron al desplazamiento patrimonial" del vendedor. "Una vez obtenida la entrega del hotel y siguiendo el plan diseñado, no pagaron el precio de la adquisición", de 23,67 millones de euros por el 99,99 por ciento del capital social, indica el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
Las negociaciones empezaron a principios de 2005 y se ofrecieron avales de la familia y de la entidad Montumo SL, propietaria de un hotel de Torremolinos.
"TESTAFERROS U HOMBRES DE PAJA" EN "PRIMERA LÍNEA DE FUEGO"
Por decisión de la familia, según la Fiscalía, actuó como entidad compradora Calwell Allianz Corp, mercantil perteneciente a otro de los acusados. El Ministerio Público cree que los Ruiz-Mateos utilizaron "testaferros u hombres de paja" con la única finalidad de "ponerlos en primera línea de fuego y dificultar sobremanera la averiguación de la verdadera titularidad de las empresas". Los hermanos varones Ruiz-Mateos Rivero y su padre, José María Ruiz-Mateos --ya fallecido-- aparecían como avalistas, "aprovechándose de la credibilidad personal de la familia y empresarial de Nueva Rumasa, si bien ninguno de ellos tenía, ni tiene, activo alguno en su nombre".
Siguiendo con el escrito del fiscal, los acusados atendieron los pagos hasta julio de 2010. Quedaron pendientes más de 12 millones de euros y entonces se hizo un nuevo plazo de carencia, que venció sin que se hubieran pagado las cantidades pendientes.
Entonces, según la Fiscalía, los acusados, "siendo conscientes de que no podrían cumplir con lo pactado", planearon "una nueva operación fraudulenta": convencieron a la otra parte para que renegociara los pagarés impagados y sustituyera el aval de Montuno por otro de Clesa, propiedad de Nueva Rumasa. Habiendo transcurrido sólo dos meses después de la última negociación, Nueva Rumasa inició el concurso voluntario de acreedores de Clesa.
La Fiscalía calcula que la cantidad total defraudada alcanza los 13,3 millones de euros, más unos 600.000 euros de actas de Hacienda, y pide que se indemnice a los perjudicados. Además, también reclama una inhabilitación especial para el ejercicio de actividades mercantiles y la administración y dirección de sociedades durante el tiempo de la condena.
