La Fiscalía Provincial ha resuelto remitir al juzgado de instrucción las denuncias presentadas por IULV-CA y PSOE en las que instaba a investigar si hubo "negligencia municipal" en la muerte por ahogamiento de Cheik T.K., el ciudadano senegalés de 45 años cuyo vehículo quedó atrapado en un túnel anegado por las fuertes lluvias que dejó 'la gota fría' el 12 de septiembre en la ciudad de Almería.
Ambas denuncias, que apuntan "falta de adopción de medidas preventivas" por parte del equipo de gobierno (PP) en la balsa de tormentas ubicada en la Avenida del Mediterráneo de la capital, han sido archivadas por el Ministerio Público pero se van a acumular a las diligencias previas ya incoadas por el Juzgado de Instrucción 5, en funciones de guardia cuando se procedió al levantamiento del cadáver, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
De momento, en el marco del procedimiento penal que hay abierto, el juez Rafael Soriano autorizó el 16 de septiembre la repatriación a Dakar (Senegal) del cuerpo del fallecido, quien llevaba casi dos décadas viviendo en España e iba a trabajar acompañado de su hermano, que si sobrevivió, cuando quedó atrapado en su coche por el agua, a Dakar (Senegal).
El coordinador local de IULV-CA, Enrique Ruiz, ha anunciado que, tras la decisión de la Fiscalía, han presentado escrito de personación ante el juzgado instructor para ejercer como acusación popular en la causa.
"Queremos ejercer una labor de fiscalización y obligar al equipo de gobierno del alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, a que dé explicaciones con total transparencia, así como a que se investigue de forma imparcial qué pasó para que el Ayuntamiento, responsable de adoptar las medidas preventivas y de seguridad con fenómenos meteorológicos que puedan suponer peligro para los ciudadanos, no lo hizo", ha dicho.
Ruiz ha hecho alusión, asimismo, a que, desde el Ayuntamiento, se han dado "diversas contracciones", lo que denota "falta de previsión y negligencia" y refiere la versión de la propia familia de la víctima, "que manifiestan que no había ningún dispositivo de prevención y que fueron los propios pasajeros del vehículo quienes tuvieron que alertar a la Policía Local para que se iniciase el protocolo de salvación".
La denuncia de IULV-CA recoge las declaraciones que el mismo día realizó Fernández-Pacheco, quien aludía a que los hechos se habían producido a las 5,38 horas "cuando los agentes procedían a balizar el acceso al túnel", al que entraron "dos vehículos a gran velocidad" y remarca que el propio regidor se refirió a ese túnel como "una balsa de tormentas" que dispone de un balizamiento de seguridad para restringir el tráfico rodado cuando se producen fuertes lluvias.
No obstante, días después, el Ayuntamiento trasladó que había encargado una serie de informes para determinar los motivos que habrían impedido balizar el túnel. En concreto, el objetivo es indagar los motivos por los que no se ejecutó con anterioridad la orden dada "horas antes" --ya con el preaviso de alerta por temporal-- de cerrar el acceso al paso subterráneo, y dirimir si el sistema de evacuación con el que cuenta el túnel, que también funciona como balsa de tormentas, respondió correctamente.
Indicó, asimismo, que, a través de los datos que se obtuvieran sobre la actuación de la Policía Local, Bomberos y Protección Civil, se pretendía poner coto a las diferentes versiones ofrecidas sobre el incidente y concretar en el tiempo la secuencia de hechos.
La denuncia de IULV-CA presentada a la Fiscalía y ahora acumulada a las diligencias previas abiertas en el Juzgado de Instrucción 5 de Almería pide que se libre oficio a la Jefatura de la Policía Local para que informe cómo se produjeron los hechos, cuáles fueron las actuaciones realizadas y las que se podrían haber llevado a cabo, así como a la Jefatura de Bomberos de Almería para que informe en el mismo sentido.
Interesa, asimismo, oficio al Ayuntamiento de Almería para que detalle cuáles son las medidas preventivas que se deberían adoptar en la balsa de tormentas estipuladas en el plan municipal de emergencias y protocolos de emergencia existentes y que se practique el interrogatorio por escrito del alcalde para que informe de "cuáles fueron las órdenes realizadas cuando se produjeron estos hechos".
