Ante las denuncias efectuadas por los sindicatos que advierten de los riesgos a los que está expuesto el personal de empresas del sector minero onubense, Izquierda Unida reclama a las administraciones que intervengan para garantizar la seguridad en las mismas y que se evite la exposición a materiales tóxicos.
Los sindicatos llevan tiempo alertando sobre la “inseguridad” que pesa sobre los trabajadores y trabajadoras del sector minero onubense por la falta de controles eficientes con los que evitar su exposición a metales pesados. La Ley es taxativa al respecto y determina que de ningún modo se puede permitir que ningún trabajador sufra daños en el desempeño de su labor profesional. No obstante, hace algunos meses los sindicatos alertaron que en las explotaciones mineras que tiene la empresa Matsa en Aguas Teñidas, las analíticas efectuadas habían determinado la presencia de metales pesados en su personal, al mismo tiempo que el Consejo de Seguridad Nuclear apercibió a esta empresa por incumplir la medidas y protocolos de seguridad en sus instalaciones radioactivas.
Recientemente, el Comité de Empresa de Atalaya Mining, que cuenta con el apoyo de IU en sus reivindicaciones, ha alertado de que en la actividad minera que desarrolla en los yacimientos de Río Tinto no se llevan a cabo controles sanitarios a su personal para determinar si han podido contaminarse por metales pesados. En este yacimiento minero la manipulación de materiales tóxicos, parte de su personal, forma parte de su trabajo.
Por ello, Izquierda Unida exige a todas las administraciones competentes que “se tomen en serio” esta situación e intervengan para que las empresas del sector minero onubense garanticen que se llevan a cabo todas las medidas de seguridad necesarias para evitar la exposición de su personal a sustancias tóxicas y hasta radiactivas.
En este sentido, Izquierda Unida recuerda que el pasado mes de marzo, la Diputación Provincial de Huelva aprobó una iniciativa defendida por el ex portavoz de IU en dicha institución, Pedro Jiménez, con la que el organismo provincial se comprometió a impulsar estas medidas de protección para que las administraciones competentes garanticen que ninguna persona ponga en riesgo su salud por trabajar, como establece la Ley.
