El color rosado oscuro, rojo en su nivel máximo, no siempre prevalece cuando debe. Lo que provoca la color en ciertas situaciones es inversamente proporcional a la ausencia plena de materia productora. Ahora se comprende la “necesidad” de borrar del callejero el nombre de Pedro Gual Villalbí. Tras el desastre provocado en 1961 por el reventón del muro de defensa del Tamarguillo, este ministro sin cartera, se dedicó a proporcionar viviendas a los sevillanos. Se construyeron más que en los cien años anteriores y en los 58 posteriores. Y, sobre todo, se hicieron viviendas que sus receptores podían pagar. A la ligera por la premura; pequeñas al estilo de la época. Anticuadas y degradadas, por supuesto. Son casi sesenta años. Pero en sesenta años no ha habido una sola administración capaz de preocuparse por continuar una obra necesaria, a la que obliga la Constitución: proveer de viviendas dignas para todas las familias necesitadas. Viviendas para quienes no tienen la menor posibilidad de hacer frente al precio especulativo-criminal al que ha sido llevada, tanto en venta como en alquiler.
Es grave que el gobierno y las administraciones en general permitan a la iniciativa y propietarios privados especular de esa forma exagerada con algo que es del bien común. Lo es legal y naturalmente y debería serlo efectivamente. Pero se ve, una vez más, que los actuales políticos en el reino de España no son constitucionalistas, pese a usar ese apellido de forma tan gratuita. Porque el constitucionalismo no se justifica con la exagerada defensa a ultranza de un solo artículo. Quizá no sea problema de política, sino de dignidad. Porque políticos, buenos políticos, no hay. Estos son, parafraseando a Blas Infante sobre los republicanos de su tiempo, “quienes no fueron subsidiados por la dictadura”. Estos, peor aún que los de hace ochenta años, deben sumar a la añoranza del régimen sus compromisos con diversos gobiernos extranjeros -Alemania, USA, Venezuela (pero la de Carlos Andrés)- y con los grandes grupos empresariales que deciden desde fuera el devenir y el destino de España.
Si el costo de construir una vivienda de 90m2 no excede de 60.000 euros en el peor de los casos, que su precio de venta supere los 150.000 es más abuso especulativo que resultado del proceso de “oferta y demanda”. Porque a la demanda no se le deja más salida que pagar o vivir en una chabola. O esperar a que el banco se la quede para crear problemas a la comunidad. Pero que el precio de una promoción pública sólo quede unos cientos de euros por debajo del de promoción privada, hace especuladora a la Administración. Lo peor que le puede pasar a una sociedad. Emvisesa, no conforme con los precios cargados a sus promociones en venta, empieza a entrar en el negocio del alquiler. Pero ni la venta ni el alquiler deben ser “negocio” para una entidad pública. Menos aún el alquiler de habitaciones, aunque se enmascare con el pomposo título de “vivienda compartida”, para volver a las condiciones anteriores a la riada del 61. Vivienda “compartida” o “colaborativa” ¿qué es? ¿Quién colabora? ¿La Administración? ¿A precios de entre 300 y 600 euros al mes? Hay que ser serios, Felipe.
