De un lado, desde Urbanismo se propone -y así lo ha trasladado ya a los redactores del Plan General- el incremento del número de viviendas en las Áreas de Gestión Básica (AGB). Cabe recordar, que el PGOU tal cual está permite algo más de 15.600 viviendas en estas zonas, de las cuales10.633 ya están levantadas y otras 5.000 serían de nueva construcción. Pues bien, la intención de Urbanismo es que puedan construirse más viviendas de las previstas actualmente para que los costes del proceso de regularización se dividan entre más vecinos.
Lo anterior sería posible simplemente con una reducción de la parcela mínima y sin necesidad de incrementar la edificabilidad. Por ejemplo, una zona donde la parcela mínima sea en la actualidad de 1.000 metros cuadrados y tenga un coeficiente de edificabilidad de 0,35, puede tener una construcción de 350 metros cuadrados. “Nadie o casi nadie tiene viviendas de esa superficie”, apunta la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier.
Si la parcela mínima se redujera a 500 metros en esa zona, la anterior podría dividirse en dos y podrían construirse dos viviendas de 175 metros cuadrados. Esto significa que manteniendo la edificabilidad inicial podrían aparecer más viviendas que vendrían a disminuir hasta en un 40 por ciento los costes de urbanización para cada vecino.
Por otro lado, Urbanismo está estudiando también la ampliación de las AGB, incluyendo en el proceso los suelos urbanizables, en donde hay localizadas algo más de 2.000 viviendas. “Estos propietarios también tienen la necesidad de regularizarse cuanto antes y hemos pedido a los técnicos que estudien la posibilidad de incluir en las AGB nuevas manchas de suelos urbanizables”, apuntó la delegada.
En cuanto a las alegaciones al proceso, Verdier señaló que hasta el momento se han examinado 1.500, aunque la cifra presentada es mayor. En los próximos días, expuso, aportará el número total, así como las características generales de las mismas.
Por último, la delegada ha insistido en que el Ayuntamiento dará las mayores facilidades posibles a los propietarios, pero que deben ser ellos los que hagan frente a los gastos. En relación a la propuesta del PP de que el Ayuntamiento financie un tercio de los costes, la delegada ha estimado que supondría un desembolso de 120 millones de euros, el presupuesto anual del municipio, “una cantidad inasumible”. Los costes totales del proceso ascienden a 360 millones de euros.
