El juicio del caso de los cursos de formación de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba que comenzó en el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital días antes de decretarse el estado de alarma por el coronavirus está pendiente de la prolongación del citado estado y las medidas que se lleven a cabo de cara a la posibilidad de retomarse y cómo lo haría.
Según han informado fuentes judiciales, "está suspendido y no hay fecha para continuar" debido al estado de alarma, de manera que "aún no se sabe nada" sobre cómo se retomará, según remarcan sobre un caso que trascendió en 2014 y ha empezado a juzgarse en este 2020.
Al respecto, el juicio se paralizó cuando tan solo habían declarado tres de los ocho acusados, que negaron ante la juez Inmaculada Nevado que hayan llevado a cabo en sus labores de impartición de cursos el delito de falsedad de documentos por el que han sido procesados.
Uno de ellos, gerente de una sociedad con el 60 por ciento de participación en ella, manifestó que subcontraron a una empresa para la docencia de cursos de técnico de sonido, tras pedir distintos precios a empresas, todo ello con conocimiento de la Junta de Andalucía, que subvencionó a dicha sociedad, aunque el cobro de unos 19.000 euros lo recibió la citada empresa.
Según señaló, no recibió notificación de la Junta "por alguna incidencia", aunque sí pidió el reintegro de algunas cantidades, que finalmente no han tenido que pagar "nunca nada", tras ganar en distintos recursos, según el acusado, quien dijo que el hecho de que él facturara unos 2.400 euros como tutor es por "un tema administrativo".
Por otra parte, el segundo procesado negó haber falsificado firmas de alumnos en la entrega de material para un curso de programador de aplicaciones informáticas, con folios, bolígrafos, marcadores, rotuladores, grapas y gomas, que se repartían "tres o cuatro veces durante el curso" y los alumnos al final tenían que entregar los partes de firma y un recibo de entrega de material, según detalló, para subrayar que "cuando terminó el curso no quedó material, todo se entregó a los alumnos".
Y el tercer acusado, en cuanto a la impartición de un curso relacionado con obras, precisó que su exmujer cobró con un talón nominativo a su nombre, cuya cuantía imagina que "iría a parar a la casa" en la que ambos convivían en su momento, a la vez que declaró que ella "falta a la verdad" al decir que "no ha visto un euro". Según defendió, no ha habido fraude a Hacienda, y precisó que su exmujer iba a ejercer de profesora, pero no se vio capacitada para seguir por la crianza del bebé que tenían.
El juicio estaba pendiente de continuar con la declaración de testigos, al tiempo que la juez declaró en rebeldía al cuarto procesado por el que se sigue la causa, después de que los otros cuatro acusados de delitos continuados de falsedad en documento público y en uno de los casos también por fraude en subvenciones concedidas por la Junta ya han reconocido los hechos.
De esta manera, el fiscal y el letrado de la Junta de Andalucía renunciaron a todos los testigos vinculados con dichos procesados, para quienes inicialmente el Ministerio Público ha solicitado sendas penas de tres años de cárcel y multas de 27.000 euros para tres de ellos y 300.000 euros para quien igualmente está acusado de fraude en subvenciones.
Los restantes acusados se enfrentan a las mismas penas de prisión y multas, excepto el hombre fugado de la justicia, para quien sí piden los mismos años de cárcel, pero la multa es de 300.000 euros al estar también procesado por un delito de fraude de subvenciones.
LAS SUBVENCIONES
La calificación del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge que por orden de la Consejería de Empleo de la Junta de 23 de octubre de 2009 y con cargo a partidas presupuestarias de las cuentas de la comunidad autónoma para los periodos 2010/2011 se concedieron subvenciones, en régimen de concesión directa, para la impartición de cursos de formación dirigidos a personas desempleadas con compromiso de empleabilidad.
De este modo, en aplicación de la normativa a tal efecto, se beneficiaron nueve entidades de ámbito provincial, bajo el cumplimiento de una serie de exigencias. No obstante, supuestamente las subvenciones públicas otorgadas no fueron usadas para la finalidad prevista en la impartición de cursos.
A juicio del Ministerio Público, se han inflado algunas facturas que se han tenido que entregar para justificar el uso de las subvenciones. Entre algunos ejemplos, advierte de "gastos desproporcionados" en costes directos, con gasto en material docente "sobredimensionado".
Igualmente, entre "las irregularidades más graves detectadas" cita "el incumplimiento" de compromisos de contratación, al "simular haber ofrecido presuntos contratos laborales a alumnos y mediante un ficticio informe, fuera totalmente de plazo, ha justificado la negativa de éstos a ser contratados". Así, el fiscal avisa de distintos "perjuicios al erario público".
Asimismo, explica que supuestamente ha habido "manipulación de las firmas de alumnos, con el fin de demostrar de manera irregular, tanto la entrega de materiales, como las calificaciones de alumnos, que nunca llegaron a realizarse por los interesados".
Por otra parte, sobre facturación, en una de las entidades "se imputan gastos de establecimiento, cuando la sede es propiedad de la empresa" beneficiada con subvención, al tiempo que "los recibos de material del curso están sin firma de los alumnos" y supuestamente hay "falta de rigor" en los procedimientos de selección, donde "se aprecian graves irregularidades".
En esta causa figuraban también funcionarios y autoridades de la Junta en legislaturas pasadas, que han quedado exonerados, pues, según la Fiscalía, no se puede demostrar la connivencia de estos con los presuntos autores de los fraudes.
EL CASO DE LOS JOYEROS
En otro orden de cosas, el Juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba tiene pendiente la resolución del caso Fénix, que ya se declaró visto para sentencia hace unos días, tras juzgar un supuesto fraude de unos 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería. El juicio comenzó con unos 90 acusados a mediados de octubre de 2019.
En este caso, la presentación de los informes en vez de hacerse de manera oral se ha realizado por escrito, debido a la situación provocada por el estado de alarma ante el coronavirus, y en ellos se han planteado diversas nulidades y dilaciones indebidas por parte de las defensas, entre otros pronunciamientos, según fuentes judiciales.
El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de unos cien delitos fiscales, de los que ha acusado finalmente a unas 70 personas, de las que siete de ellas son procesadas por el total de delitos, entre ellas el hijo del presunto cabecilla de la trama, P.J.R.F., que se enfrenta a penas de más de 300 años de cárcel, mientras que las penas más bajas que pide son de siete meses de prisión.
Además, la fiscal cree que concurre en todos la circunstancia atenuante muy cualificada de dilación indebida, ante el inicio de las actuaciones en 2006, así como la atenuante de confesión sobre dos acusados, al tiempo que se ha retirado la acusación sobre más de 20 personas, algunas por prescripción de los delitos y otras por fallecimiento, entre otras circunstancias.
Así, esta causa, en la que algunos de los acusados han muerto antes del juicio y otros se encuentran internos en residencias, se inició en 2006 a raíz de que la Inspección de la Agencia Tributaria de Córdoba y Barcelona detectó numerosas irregularidades con supuestas defraudaciones en operaciones de compraventa de oro desde Suiza, que presuntamente vendían sin transformar a mayoristas y fabricantes de joyería.
