El Defensor del Pueblo Andaluz gestionó durante el pasado año un total de 1.318 quejas registradas en Cádiz. De acuerdo al informe de la entidad, publicado el pasado 7 de julio, la provincia remitió en 2019 el 12,1% del total de los asuntos que acabaron en la mesa de Jesús Maetzu, situándose tercera en el ranking autonómico, solo por detrás de Sevilla (3.617) y Málaga (1.542). Con todo, el volumen de expedientes con sello gaditano se redujo un 1,6% con respecto a las cifras de 2018. En este orden, Jerez (157), El Puerto (113), Algeciras (88), Cádiz (80) y Chiclana (62) son los cinco municipios que sumaron el mayor número de incidencias.
Respecto a las áreas de actuación, destaca servicios sociales, con 177 quejas. “Junto a las situaciones de exclusión social en sentido estricto, las posibles prestaciones y ayudas son causa habitual de denuncia, en medida que se discute su frecuencia, cobertura e incluso cuantía”, explica la memoria. Se detiene concretamente en la “cruel” situación de los afectados por la renta mínima de inserción social. “Para ofrecer una imagen simple pero rotunda de las dimensiones que ha alcanzado el tortuoso camino que debe recorrerse hasta ver resuelta la petición, cualquiera que sea su sentido, podemos limitarnos a reflejar la evolución que han experimentado las quejas ciudadanas ante esta defensoría en los tres últimos años, a saber: desde las 134 recibidas en 2017, hasta llegar a las más de 500 en 2019” en el conjunto de la región. La mayor parte, detalla, proceden de las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga, seguidas a niveles muy inferiores por Granada y Córdoba y con presencia insignificante de casos en Huelva y Almería.
En segundo y tercer lugar, las incidencias están relacionadas con la salud (116) y el consumo (113), pero el documento destaca una queja incoada de oficio con objeto de concienciar a las localidades de Chipiona, El Puerto, Tarifa, Los Barrios, Castellar, Jimena, Algeciras, Conil y Chiclana en cuanto a la necesidad de impulsar medidas efectivas para la protección del suelo no urbanizable, toda vez que, por la Fiscalía de Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo Andaluz tuvo conocimiento de la problemática que se planteaba en sus respectivos términos municipales. “Hemos obtenido una respuesta favorable de todas estas administraciones expresando la aceptación de las resoluciones formuldas”, añade, aunque no siempre es así, como en el caso de La Línea, a cuyo Ayuntamiento se ha solicitado en vano un informe sobre la privación a una empresa de aprovechamiento urbano de una finca de su propiedad en el nuevo PGOU tras un incendio en los terrenos provocado por la quema de un contenedor de residuos en el entorno.
Entre las 600 páginas de la memoria, la entidad destaca la clausura de actividad de un taller de carpintería metálica en Sanlúcar por el elevado volumen de ruido o la mediación exitosa con el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra, denunciado por el uso excesivo de artificios pirotécnicos.
Sin embargo, hay un hecho luctuoso y otro violento en los que se detiene. En primer lugar, la entidad inició una investigación de oficio por el fallecimiento de un menor en un centro específico. “El fatal desenlace se produjo tras sufrir un alumno de 14 años una crisis de convulsiones en las instalaciones a pesar de que el profesorado ejecutó técnicas de reanimación hasta la llegada del equipo médico”, relata. Se dio la circunstancia de que el AMPA llevaba más de cinco años reclamando la presencia de personal sanitario que atendiera las graves patologías que padecen algunos alumnos que acuden a este colegio. Tras la interveción del Defensor del Pueblo, la Delegación Territorial de Educación mantiene contactos con la Delegación Territorial de Salud para conseguir atención puntual de enfermeros en algunos centros concretos como en el que se produjo el suceso.
En el centro de internamiento de menores infractores Marchenilla, en Algeciras, un interno decía haber recibido maltrato físico, sin que las lesiones figurasen en ningún parte médico. “La información que recibimos acreditaba el día concreto en que acaecieron los hechos, y cómo fue necesario aplicar medidas de contención ante la agresividad del menor, lo cual fue comunicado al Juzgado de Menores de Algeciras y al Juzgado de Guardia”. El menor presentó queja por dicha intervención al Juzgado de Menores pero, en esta ocasión, fue desestimada por “carencia de fundamento” mediante auto judicial.
